El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, en el marco del caso Leire Díez. La decisión, adoptada tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular ejercida por el Partido Popular, imputa a ambos altos cargos del Instituto Armado los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La providencia, a la que ha tenido acceso, fija la declaración de González y Llamas para el próximo 16 de julio.
El magistrado ha rechazado, no obstante, imputar al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos, como habían solicitado las acusaciones populares. Pedraz considera que «la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal». La investigación se enmarca en el denominado caso Leire Díez, donde se indaga una presunta trama que habría trabajado para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras conocerse la imputación, fuentes del Gobierno han señalado que mantienen su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantean su cese. Desde el Ministerio del Interior también han expresado su respaldo al teniente general Manuel Llamas, indicando que «seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera». Por el contrario, las acusaciones populares han considerado que el paso dado por el juez debería suponer la inmediata dimisión de ambos por respeto a la Guardia Civil, afirmando que «la dimisión no debería ser para ellos una opción sino un deber».
El informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se sustenta la petición de imputación destaca que la trama coordinada por la presunta «fontanera» del PSOE, Leire Díez, y por Santos Cerdán buscó «la implicación de organismos públicos (la Fiscalía General del Estado, la Dirección general de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia, el director del Banco de España…) con la ilícita finalidad de atacar la probidad de la actuación de la UCO de la Guardia Civil (...) en sus investigaciones en estricto cumplimiento de sus funciones como policía judicial». El ministerio público añade que, tras la declaración de hasta seis guardias civiles en calidad de testigos, la imputación de González es necesaria para garantizar sus derechos y para que pueda responder a extremos que ya constan en atestados de la UCO.
La Fiscalía explica que los atestados acreditan una relación personal entre Díez y González, y que la exmilitante socialista habría utilizado esa confianza para «cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO». Se apoya, además, en declaraciones prestadas por, entre otros, el comandante Rubén Villalva —imputado en el caso Koldo—, quien indicó que Leire Díez le confesó que «tenía muy buena relación personal con la Directora General de la Guardia Civil» y que despachaba con ella. La Fiscalía recuerda que se ha tenido constancia de diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y de varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de febrero de 2025.
La directora general de la Guardia Civil mantuvo diversos encuentros con Leire Díez, según trascendió primero en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y confirmó más tarde la propia Mercedes González. La supuesta fontanera presumía de tener «confianza» con la directora general, según se desprende de sus conversaciones, y mantuvo con ella diversos encuentros. Según la UCO, Díez quiso aprovechar su confianza con Mercedes González para activar una investigación interna que pudiera desviar la atención de las pesquisas judiciales en curso.
González y Llamas tendrán que declarar ante el magistrado de la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio a partir de las 10.15 horas, un día después de que lo hagan los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López, que acudirán como testigos. El juez Pedraz ha rechazado imputar al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, como solicitaron las acusaciones populares, al entender que «la conducta descrita respecto de él per se no integra ningún tipo penal». La investigación continúa su curso y se esperan nuevas diligencias en las próximas semanas.