Garamendi acusa al Gobierno de alentar la huelga general del 11 de noviembre
Por Hugo Gallego · 4 min
El presidente de la CEOE critica el alcance y el sentido de la movilización convocada por los sindicatos mayoritarios y advierte de que pedirá responsabilidades si se producen incidentes.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra el Gobierno por alentar la huelga general convocada en España para el 11 de noviembre de 2026 y ha advertido de que la patronal pedirá responsabilidades si la movilización «se desmadra». Sus declaraciones se produjeron en una entrevista emitida en Espejo Público, de Antena 3, el mismo día del paro.
La huelga, de 24 horas y convocada por los sindicatos mayoritarios, lleva como lema «Salarios, vivienda y precios». Se trata de la primera huelga general de este tipo en catorce años, y reúne reclamaciones relacionadas con la vivienda, el poder adquisitivo, el coste de la vida, los servicios públicos y el reparto de la riqueza. Garamendi considera que la movilización no tiene el sentido que se le atribuye y cuestiona tanto su alcance como sus objetivos.
Para sostener su valoración, Garamendi citó la evolución del consumo eléctrico. Según sus datos, la demanda cayó un 6% entre las 9 y las 11 de la mañana, una cifra que comparó con la caída aproximada del 15% registrada durante la huelga general de 2014. También señaló un descenso del 2,5% en el consumo nocturno, que relacionó con la actividad industrial. Conviene subrayar que estas cifras son declaraciones del propio Garamendi y no un balance oficial del seguimiento de la jornada.
El dirigente empresarial reconoció que el impacto ha sido mayor en las fábricas y en los centros de trabajo con fuerte presencia sindical. En cambio, según su apreciación, la incidencia ha sido menor en el pequeño comercio y entre los autónomos, y como ejemplo afirmó haber visto locales abiertos en la Gran Vía madrileña. Garamendi defendió, en este punto, el derecho a trabajar de quienes acuden a su puesto durante la jornada de paro.
Las críticas de Garamendi se dirigen también al papel del Ejecutivo. Según relató, miembros del Gobierno, incluida la vicepresidenta segunda, animaron a secundar el paro, algo que considera inadecuado. Además, cuestionó que la huelga se utilice para reclamar inversión ferroviaria después de ocho años de gestión gubernamental, argumentando que esas demandas deberían plantearse por otras vías.
Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó la huelga de «atípica» por incluir a los servicios públicos entre los sectores convocados, una característica que la distingue de otras movilizaciones generales. Esa inclusión explica en parte el debate sobre su alcance, ya que el seguimiento en la administración y en los servicios esenciales no se mide con los mismos parámetros que en la industria.
Garamendi calificó la movilización de «preventiva», una definición con la que pretende subrayar que, a su juicio, la protesta responde más a un posicionamiento político que a una situación de conflicto laboral abierto. En ese marco, anunció que la patronal exigirá responsabilidades si se producen incidentes durante el desarrollo de la jornada, sin precisar en la entrevista qué tipo de acciones podrían emprenderse.
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