Un juzgado de Madrid ha acordado la apertura de diligencias preliminares contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia, por la instrucción que permitió la nacionalización de descendientes de emigrantes españoles hasta la cuarta generación, al margen de lo establecido en la Ley de Memoria Democrática. La magistrada Inmaculada Lova ha tomado esta decisión tras la querella por prevaricación presentada por la asociación Hazte Oír, y ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que emita un informe sobre su admisión y las diligencias a practicar.

La instrucción firmada por Sofía Puente apenas unos días después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática amplió el alcance de la norma a cualquier descendiente de emigrante español, y no únicamente a los nietos de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, como dictaba la ley original. Este cambio ha provocado que hasta 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad española, según datos recogidos en la querella.

La querella de Hazte Oír se apoya en informaciones publicadas por OKDIARIO, como una circular informativa del consulado general de España en Caracas en la que se admitía que «la Ley de Memoria Democrática no menciona a tataranietos ni bisnietos, aunque estos casos se están admitiendo a trámite en función de sus disposiciones interpretativas». El texto legal original circunscribe el derecho de opción a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que hubieran perdido la nacionalidad por exilio político.

La asociación considera que la extensión de la vía a generaciones posteriores —bisnietos y tataranietos— carece de todo sustento legal y solo se explica por el encadenamiento de opciones sucesivas que la instrucción hace posible al haber suprimido el requisito del exilio. Por ello, ve un posible delito de prevaricación administrativa al ampliar el derecho a adquirir la nacionalidad a descendientes de españoles que no eran exiliados por razones políticas, tal y como se recogía en la ley aprobada en las Cortes.

OKDIARIO ha documentado en exclusiva cómo descendientes de emigrantes que partieron de España a finales del siglo XIX han logrado la nacionalidad gracias a esta instrucción. También ha revelado los actos masivos de jura de la nacionalidad que se llevan a cabo en los consulados, que en algunos casos superan el millar de participantes. Igualmente, ha destapado la estrategia del PSOE de movilizar el voto exterior en provincias pequeñas, donde menos papeletas les distancian del Partido Popular, lo que evidencia el interés electoralista de la norma.

La entonces líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, admitió en una entrevista radiofónica en octubre de 2023 las maniobras para ampliar el alcance de la ley al margen del Congreso. «Quedaron muy pocos afuera, entraron los nietos, bisnietos, no hay que demostrar razones de ningún tipo, basta con que tengas un lazo de sangre y puedas demostrarlo», celebraba Suárez en relación a la instrucción que amplió el derecho a adquirir la nacionalidad.

El impacto en el censo electoral es evidente. El PSOE fue la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. La instrucción de Sofía Puente argumentó que su interpretación era «más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», arrogándose así el supuesto deseo de las Cortes y extendiendo el derecho por la puerta de atrás.

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central que aporte documentación sobre la Ley de Nietos, después de que la organización Iustitia Europa solicitase el rechazo a la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La Junta Electoral Central rechazó la suspensión cautelar, aunque acordó solicitar a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la ley. El organismo arbitral advirtió de que la determinación del municipio electoral en el que se inscriban cada uno de los beneficiarios de la Ley de Nietos deberá estar «suficientemente motivada», debido a las suspicacias que genera su impacto en futuros comicios.

La apertura de diligencias preliminares supone un primer paso judicial que podría derivar en una investigación más profunda sobre la actuación de Sofía Puente. El juzgado esperará ahora el informe del Ministerio Fiscal para determinar los siguientes pasos del procedimiento, en un caso que pone en el centro del debate la interpretación de la Ley de Memoria Democrática y sus consecuencias políticas y electorales.