El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley antitabaco, una actualización de la normativa vigente desde 2006 que introduce cambios significativos en la regulación del consumo de tabaco y productos relacionados. La nueva norma, que ahora inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, prohíbe expresamente fumar a los menores de 18 años, una restricción que hasta ahora solo afectaba a la venta y suministro, y amplía los espacios sin humo a terrazas de bares, playas, marquesinas de autobuses, piscinas, instalaciones deportivas y festivales al aire libre.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el tabaco «provoca 50.000 muertes al año» y es «el principal factor de riesgo evitable» para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Según sus estimaciones, la nueva ley supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros anuales en gasto sanitario, recursos que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables. La norma equipara al tabaco convencional los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar, las shishas, las bolsas de nicotina y otros dispositivos que «imitan o se asocian al acto de fumar».

Una de las principales novedades es la prohibición del consumo de cualquier producto de tabaco por parte de menores de 18 años. El incumplimiento de esta medida se traducirá en multas de hasta 100 euros que deberán pagar los padres o tutores. La decisión responde a datos preocupantes sobre el consumo juvenil: según la encuesta ESTUDES 2025 del Ministerio de Sanidad, aunque la prevalencia de fumadores diarios entre adolescentes de 14 a 18 años ha caído al 4,2%, la cifra más baja desde 1994, el consumo en el último mes sigue siendo elevado, con un 15,5% de jóvenes que han fumado. Además, informes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyc) advierten de que la prevalencia se ha desplazado hacia productos alternativos: el 13,2% de los menores de 14 a 18 años fuman, y de ellos, el 90,5% usa tanto vapeadores como cigarrillos convencionales, frente al 1,2% entre los fumadores mayores de 65 años.

La ampliación de los espacios sin humo es otro de los ejes centrales de la ley. Tanto el tabaco convencional como los cigarrillos electrónicos, vapeadores, bolsas de nicotina y shishas estarán prohibidos en todos los espacios públicos cerrados, como hasta ahora, pero también en entornos exteriores como terrazas de bares y restaurantes, recintos de espectáculos públicos (festivales, conciertos al aire libre), instalaciones deportivas o culturales, parques infantiles, paradas de transporte, marquesinas, andenes, vehículos comerciales y centros educativos. Asimismo, se establece un «perímetro de protección» de al menos 15 metros alrededor de colegios, universidades, centros sanitarios, centros deportivos, parques o recintos infantiles, museos, bibliotecas y centros culturales. La prohibición de fumar en playas, tanto marítimas como fluviales, también se incluye entre las novedades de esta segunda vuelta de la norma.

La ley refuerza además las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y cualquier producto relacionado, que se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras e internet. La ministra García ha destacado que la norma busca adaptar la legislación española a la aparición de nuevos productos, con especial atención a la protección de la infancia y la adolescencia. La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica ha generado, pero el Gobierno defiende que es necesaria para reducir la exposición al humo y prevenir enfermedades. Con esta iniciativa, España se suma a otros países europeos que han endurecido sus políticas antitabaco en los últimos años, en un contexto donde la Organización Mundial de la Salud insiste en la necesidad de reducir el consumo de tabaco como prioridad de salud pública.