Netanyahu impulsa retirar la ciudadanía israelí a los directores del documental NAZA
Por Carlos Benítez · 5 min
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que presentará dos proyectos de ley en la Knesset para castigar a los directores del documental NAZA, galardonado en el Festival de Venecia, tras acusarlos de incitación antisemita global.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que presentará dos proyectos de ley en la Knesset para retirar la ciudadanía israelí a los directores del documental NAZA, galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. La medida se produce después de que el mandatario acusara a los cineastas de incitar al antisemitismo global y de difamar a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
Según declaraciones recogidas por medios especializados, Netanyahu afirmó que «los golpearemos en sus bolsillos y también en su ciudadanía, porque su lugar no está aquí». El primer ministro se suma así a una serie de funcionarios del gobierno israelí que han pedido castigar a los responsables de la cinta, cuyo estreno en la Mostra de Venecia ha generado una fuerte polémica política y mediática.
La propuesta legislativa, que aún debe ser debatida en el parlamento israelí, busca revocar la ciudadanía de «cualquier persona que difame a los soldados de las IDF», según la formulación difundida por el propio Netanyahu. El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en torno al documental, que ha sido objeto de críticas por parte de sectores oficiales israelíes desde su proyección en el certamen italiano.
NAZA, dirigido por un equipo de cineastas israelíes, obtuvo el Premio Especial del Jurado en la edición más reciente del Festival de Venecia. El reconocimiento internacional del filme ha amplificado su visibilidad y ha convertido a sus responsables en blanco de ataques por parte de altos cargos del gobierno de Israel, que consideran que el documental cruza la línea entre la crítica política y la difamación.
La iniciativa de Netanyahu representa una escalada en la respuesta oficial contra la película. Hasta ahora, las condenas se habían limitado a declaraciones públicas, pero la amenaza de retirar la ciudadanía a los directores introduce un elemento legal de gran calado, ya que afectaría a ciudadanos israelíes por el contenido de una obra audiovisual. Los dos proyectos de ley anunciados deberán seguir el procedimiento parlamentario habitual, lo que implica debates en comisión y votaciones en la Knesset antes de su eventual aprobación.
El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito cultural y político. Mientras los partidarios de la medida argumentan que se trata de una defensa necesaria de la reputación de las fuerzas armadas y de la lucha contra el antisemitismo, los críticos advierten que la propuesta podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión y la independencia artística en Israel. Organizaciones de derechos civiles y profesionales del cine han expresado su preocupación por el uso de la legislación para castigar opiniones o narrativas consideradas incómodas por el poder.
El documental NAZA aborda, según las descripciones disponibles, temas relacionados con el conflicto israelí-palestino y la actuación del ejército israelí, lo que ha provocado la reacción de las autoridades. La cinta ha sido defendida por parte de la crítica internacional, que la ha calificado como una obra valiente y necesaria, mientras que en Israel ha sido duramente cuestionada por sectores oficialistas.
La polémica trasciende el ámbito cinematográfico y se inserta en un debate más amplio sobre el papel del arte y la cultura en contextos de conflicto político. El Festival de Venecia, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo, ha sido históricamente un espacio de proyección para obras que abordan temas controvertidos, y el caso de NAZA se suma a una lista de películas que han generado tensiones diplomáticas y políticas.
Por el momento, no se ha especificado cuándo se presentarán formalmente los proyectos de ley ni qué apoyos parlamentarios podrían reunir. Tampoco está claro si la medida cuenta con el respaldo suficiente para avanzar en la Knesset, donde las coaliciones de gobierno suelen enfrentar negociaciones complejas. Lo que sí es evidente es que la decisión de Netanyahu coloca a los directores de NAZA en una situación de incertidumbre legal y personal, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de un caso que pone a prueba los límites entre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el derecho a la crítica.
