La frontera de Ceuta ha vuelto a convertirse en un punto de tensión entre España y Marruecos apenas diez días después de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia, donde ambos Gobiernos cerraron la crisis diplomática y acordaron aumentar las compras de gas argelino. Miles de personas han entrado de forma irregular en la ciudad autónoma en los últimos días y la situación se desbordó el pasado jueves en Castillejos, también conocido como Fnideq, con una concentración masiva que obligó a intervenir al Ejército español.

La coincidencia temporal ha reavivado el recuerdo de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas, entre ellas unos 1.500 menores, cruzaron a Ceuta después de que España acogiera por razones humanitarias a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Aquella decisión abrió una grave crisis con Rabat y provocó una de las mayores presiones migratorias registradas en la frontera. En esta ocasión, el Gobierno español exculpa a Marruecos y descarta que la situación tenga relación con el acercamiento a Argelia. Madrid y Rabat coinciden en atribuir las llegadas a las redes de tráfico de personas y han pactado que el retorno de quienes hayan entrado irregularmente se produzca «lo antes posible».

La versión oficial es que estas redes estarían «instrumentalizando» la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar las conocidas como «devoluciones en caliente» a quienes son interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla a nado. Sin embargo, en el plano político, tanto desde la izquierda como desde la derecha se ha puesto el foco en la cercanía temporal con el viaje de Sánchez a Argelia del pasado 21 de julio. Allí, hace tan solo diez días, ambos Gobiernos dieron por cerrados cuatro años de crisis, acordaron incrementar el suministro de gas argelino a España y fijaron para octubre, en Madrid, una Reunión de Alto Nivel con la que pretenden escenificar la «nueva etapa» de sus relaciones.

La nueva crisis migratoria, que ya se ha saldado con la muerte de varios migrantes y ha requerido la movilización del Ejército para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha reabierto las dudas sobre hasta qué punto el control migratorio puede quedar condicionado por los equilibrios diplomáticos en el Magreb. España mantiene relaciones estratégicas con dos vecinos enfrentados por el Sáhara Occidental, por el liderazgo regional y por el suministro energético a Europa: Marruecos, socio esencial en materia migratoria y comercial, y Argelia, principal proveedor de gas natural.

La crisis de 2021 había comenzado a gestarse apenas un mes antes de la entrada masiva. Brahim Ghali llegó a España en abril para ser tratado de coronavirus en el Hospital San Pedro de Logroño, donde permaneció ingresado durante 44 días. La entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, defendió su acogida por razones estrictamente humanitarias, pero Marruecos interpretó la decisión, adoptada sin informar previamente a Rabat, como una afrenta y situó a la ministra en el centro de sus reproches. La respuesta marroquí se produjo el 17 de mayo: miles de personas comenzaron a cruzar hacia Ceuta a nado o bordeando el espigón fronterizo ante la práctica ausencia de resistencia en los controles del lado marroquí.

Rabat había expresado días antes su enfado. «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir», advirtió la entonces embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, que posteriormente fue llamada a consultas. Aquel episodio abrió una crisis bilateral que se prolongó durante meses. El Gobierno acusó a Rabat de utilizar la migración como instrumento de presión y «chantaje», así como de permitir la entrada de menores vulnerando las normas internacionales. La Unión Europea cerró filas con España y recordó que la frontera de Ceuta era también una frontera exterior comunitaria.

La acogida de Ghali tuvo además consecuencias judiciales y políticas en España. Un juzgado abrió una causa para investigar las condiciones en las que entró en el país sin someterse a los controles fronterizos ordinarios y Laya llegó a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación. El procedimiento terminó archivado y la exministra quedó exculpada. Pese a ello, Sánchez la relevó en la remodelación del Gobierno de julio de 2021 y situó al frente de Exteriores a José Manuel Albares, aunque Moncloa nunca vinculó oficialmente su salida a la crisis con Marruecos.

La relación bilateral no comenzó a recomponerse hasta marzo de 2022, cuando Sánchez cambió la posición española sobre el Sáhara y consideró la propuesta marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El giro permitió restablecer las relaciones con Rabat, pero abrió una crisis con Argelia, principal aliado del Frente Polisario, que retiró a su embajador, suspendió el tratado de amistad con España y redujo los intercambios comerciales. Las relaciones comenzaron a recomponerse de forma progresiva hasta la reciente visita a Argelia, en la que ambos Gobiernos dieron por superada la ruptura y abrieron una nueva etapa.

Frente a la frontera de Ceuta, la presión migratoria ha vuelto a colocarse en el centro de la agenda bilateral, mientras los retornos acordados entre Madrid y Rabat se presentan como la respuesta inmediata a la crisis. La frontera de la ciudad autónoma se mantiene, una vez más, como uno de los puntos más sensibles de la relación entre España y Marruecos.