El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos expedientes disciplinarios abiertos contra el juez Juan Carlos Peinado por su actuación en varios procedimientos judiciales. La decisión se tomó por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, tras un debate que evidenció la división entre los vocales.
Las quejas, calificadas inicialmente como posibles faltas leves, se refieren a «desconsideración» hacia un abogado durante una vista y a «retraso injustificado» en la tramitación de recursos. Una de las denuncias fue presentada por un letrado que aseguró haber recibido un trato inapropiado por parte del magistrado; la otra fue remitida por la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al observar demoras reiteradas en la resolución de asuntos bajo la competencia de Peinado.
El juez Peinado, instructor de causas de gran repercusión como la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha sido objeto de varias denuncias ante el CGPJ en los últimos meses. La comisión disciplinaria del Consejo abrió diligencias informativas el pasado mes de junio y, tras analizar los hechos, consideró que existían indicios suficientes para que el TSJ de Madrid valorara si debe abrir un expediente formal.
La mayoría del Pleno avaló el criterio de la comisión, pero los vocales discrepantes anunciaron que formularán votos particulares. En su argumentación sostienen que las quejas carecen de fundamento sólido y que el juez Peinado está siendo sometido a una «presión mediática y política» que no debería influir en la apreciación disciplinaria. Los sectores conservadores del Consejo consideran que la decisión supone un «precedente peligroso» para la independencia judicial.
Ahora corresponde al TSJ de Madrid determinar si los hechos constituyen una falta disciplinaria leve. En caso afirmativo, la sanción podría ir desde una amonestación por escrito hasta una multa de hasta 300 euros, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El procedimiento se encuentra en una fase inicial y no existe un plazo fijo para su resolución, aunque fuentes del tribunal estiman que podría prolongarse varios meses.
El caso ha generado un intenso debate tanto en el ámbito judicial como en el político. Asociaciones de jueces han mostrado posturas divididas: mientras algunas respaldan la actuación del CGPJ por entender que cualquier conducta irregular debe ser investigada, otras denuncian una «caza de brujas» contra Peinado y señalan que las quejas responden a intereses de quienes han sido investigados por él. El magistrado, por su parte, ha reiterado que su actuación se ha ajustado en todo momento a la legalidad y que las denuncias carecen de base objetiva.
Esta no es la primera vez que el juez Peinado se enfrenta a un expediente disciplinario. En 2024 ya fue amonestado por un retraso en la instrucción de una causa, aunque entonces la sanción fue leve. Su estilo de trabajo, caracterizado por una exhaustividad extrema y una cierta rigidez procesal, le ha granjeado tanto críticas como apoyos dentro de la carrera judicial. Sus partidarios destacan su dedicación y minuciosidad; sus detractores le achacan una lentitud que perjudica a las partes.
La resolución del TSJ de Madrid podría sentar un precedente sobre los límites de la actuación de los jueces instructores, especialmente en casos de gran repercusión pública. Mientras tanto, las partes implicadas esperan la decisión del tribunal, que deberá pronunciarse en los próximos meses sobre el futuro disciplinario del magistrado.