El Gobierno ha decidido aplazar hasta septiembre la aprobación del decreto con medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda, según confirmaron fuentes del Ministerio de Vivienda. El Ejecutivo tenía previsto aprobar el paquete antes del parón veraniego, pero el rechazo mostrado por Junts y Podemos al primer borrador, por motivos radicalmente distintos, ha obligado a retrasar la iniciativa. Fuentes gubernamentales aseguran que el objetivo es «culminar un acuerdo amplio y transversal» y reconocen que «la premura en el calendario puede ser un obstáculo» para el pacto.

Podemos se mostró crítico con la intención del Gobierno de incluir en el decreto parte de la reforma de la ley del suelo, una iniciativa que el Ejecutivo lleva intentando aprobar durante toda la legislatura sin éxito por la falta de apoyo de sus aliados de izquierdas. Para la formación morada, estas modificaciones suponen «abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos», «legalizar muchísimos proyectos ilegales» y «abrir la puerta a más especulación». El partido aseguró que no aprobará ningún decreto que incluya cambios en la ley del suelo, aunque el resto del contenido le satisfaga.

Por su parte, Junts se ha mostrado contrario a un texto que, a su juicio, «mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protege ni al inquilino ni al pequeño propietario». La formación independentista reclama la exención de impuestos a todos los inquilinos —el borrador limitaba esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, espetó en un artículo que «si el Gobierno español quiere frenar la crisis de vivienda que hoy es insostenible, sabe qué tiene que hacer», pero «si lo que quiere es contentar a Podemos o a los Comuns, Junts no estará ahí».

Fuentes del Ministerio de Vivienda, que llevan semanas negociando con Junts, aseguran que «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», pero admiten que «se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto». Por este motivo, el Consejo de Ministros del último jueves del curso político priorizará la lucha contra los incendios y dejará el decreto de vivienda para después del verano. El Gobierno confía en lograr «un acuerdo amplio y transversal para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible».

Desde el ala minoritaria del Ejecutivo, Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, restó importancia al retraso y aseguró que «las conversaciones avanzan bien, aunque los grupos nos han pedido un poco más de tiempo». Urtasun exigió alcanzar un acuerdo «lo más rápidamente posible, porque hay muchas familias que están esperando que se apruebe la prórroga de su contrato, la regulación del alquiler de temporada» o «una fiscalidad justa para los pisos turísticos». Asimismo, quiso poner el foco en que «no hay ningún grupo que se haya bajado del diálogo» y haya roto las negociaciones. «De la misma manera que nosotros estamos dispuestos a aceptar ese tiempo extra para negociar, es necesario que corramos» y que los grupos estén «a la altura» y cierren un acuerdo lo antes posible, insistió.

El aplazamiento del decreto de vivienda supone que no entren en vigor hasta septiembre, como mínimo, medidas como la inclusión del alquiler de habitaciones y de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). La intención del Gobierno era establecer un tope máximo de doce meses para los contratos de temporada, así como obligar a que se firmasen con una justificación de la temporalidad del inquilino. Una vez superado ese marco temporal, el Ejecutivo quería que este tipo de alquileres fuesen considerados como de vivienda habitual. En cuanto a los contratos de habitaciones, que a día de hoy no se consideran vivienda habitual y dejaban en manos de los firmantes sus condiciones, el nuevo decreto también preveía equipararlos a los alquileres de vivienda habitual y someterlos a las mismas regulaciones. Eso significa que los contratos de habitaciones quedarían sujetos a los mismos límites de renta y prórrogas que los de vivienda habitual, lo que ampliaría la protección a un segmento del mercado hasta ahora desregulado.

La negociación se reanudará en septiembre, con el objetivo de que el decreto pueda ser convalidado en el Congreso durante el nuevo curso político. El Gobierno admite que las exigencias contrapuestas de sus socios complican el acuerdo, pero confía en que el margen extra permita cerrar un texto que satisfaga a todas las partes implicadas y que responda a la emergencia social que, según todos los actores, representa la crisis de vivienda en España.