El Consejo de Ministros ha acordado este martes conceder el indulto parcial a Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Catalunya y exdirigente de Junts, condenada a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. La medida de gracia reduce la pena privativa de libertad a dos años, mientras que el resto de la condena —multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años y un día— se mantiene íntegramente. Así lo ha informado el Ministerio de Justicia, que ha subrayado que la decisión se adopta en los términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), órgano que juzgó y condenó a la política catalana.

En su sentencia, el TSJC consideró que la pena de prisión impuesta resultaba «desproporcionada y excesiva» y sugirió expresamente la posibilidad del indulto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha atendido esa recomendación, una decisión que se produce dos años después de que la ley de amnistía, negociada con Junts para beneficiar a los encausados del proceso independentista, dejara explícitamente fuera a Borràs al no considerar sus delitos como vinculados al «procés». La expresidenta del Parlament fue condenada en 2023 por fraccionar contratos públicos y adjudicarlos de forma ilegal a un conocido cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, hechos que la justicia consideró ajenos a la causa independentista.

El indulto a Borràs es uno de los cinco aprobados hoy por el Consejo de Ministros. Entre ellos destaca también el concedido al gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa al frente del Centro Niemeyer de Avilés. En su caso, el Gobierno ha conmutado la totalidad de la pena privativa de libertad por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud, después de que numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual solicitaran la medida. Grueso ingresó en prisión en diciembre de 2025 tras ser detenido en Portugal, donde permanecía huido de la justicia desde hacía más de dos años.

El tercer indulto parcial beneficia al exalcalde socialista de Linares (Jaén), Juan Fernández Gutiérrez, que gobernó el municipio entre 1999 y 2017. Fernández fue condenado por la Audiencia de Jaén en 2011 como autor de un delito de malversación de caudales públicos por cobrar sobresueldos por valor de 125.377 euros procedentes de las cuentas del grupo municipal socialista. El Ejecutivo le conmuta la pena de prisión de tres años por otra de dos años, si bien mantiene la inhabilitación especial de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval de los grupos popular y socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento y el respaldo de una asociación vecinal que recabó un número significativo de firmas en el municipio.

Por último, el Consejo de Ministros ha indultado parcialmente a dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública, a los que se les conmutan penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. En ambos casos, los tribunales sentenciadores y el ministerio fiscal emitieron informes favorables a la medida de gracia.

La decisión de indultar a Borràs ha coincidido con el envío al Congreso del proyecto de ley de integridad pública, una norma impulsada por Pedro Sánchez hace un año tras la imputación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El presidente del Gobierno ha defendido que la futura ley creará «una agencia independiente de integridad pública con mayores funciones» y ha asegurado que incorpora aportaciones de organismos estatales, autonómicos y de la sociedad civil. La coincidencia temporal ha generado críticas entre la oposición, que señala la contradicción de aprobar indultos por corrupción el mismo día en que se presenta una ley contra la corrupción.

Laura Borràs, que también presidió Junts entre 2020 y 2022, ha mantenido en todo momento su inocencia y ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Mientras espera la resolución judicial, ha compaginado su actividad política con cursos sobre mujer y política en la Universidad Antonio Fernández. El indulto parcial le evita el ingreso en prisión, pero la inhabilitación se mantiene, lo que le impide ocupar cargos públicos durante los próximos cuatro años. El Gobierno ha defendido la medida como un acto de justicia basado en la propia recomendación del tribunal, mientras que las fuerzas de la oposición han anunciado que estudian recurrir la decisión ante los tribunales.