El Gobierno de España ha confirmado que está utilizando fondos de la Unión Europea para agilizar el proceso de nacionalización de los descendientes de emigrantes españoles, conocido popularmente como la «Ley de Nietos». En una respuesta escrita en el Senado al Grupo Parlamentario Popular, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo detalla que estos recursos se destinan al «refuerzo de la red consular» para atender la creciente demanda de servicios derivada de la normativa vigente, incluida la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación explica que está llevando a cabo un proceso continuo de adaptación de los consulados para hacer frente al incremento de solicitudes de nacionalidad. Entre las medidas adoptadas, se incluyen refuerzos de plantilla en los consulados con mayor carga de trabajo, reorganización interna de efectivos y un impulso a la digitalización consular. Este último aspecto, según el Gobierno, se está financiando con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del plan de transformación digital del departamento, que fue presupuestado en 2021 por un importe total de 115 millones de euros.
El Ejecutivo, sin embargo, no ha proporcionado una cifra concreta del coste total que supone el proceso de nacionalizaciones. En su respuesta, argumenta que «no existe un único dato consolidado, homogéneo y cerrado del coste total acumulado exclusivamente imputable» a la Ley de Nietos. Asegura que no se ha producido un incremento estructural de los gastos de personal, y que los aumentos puntuales de recursos humanos se han afrontado mediante contrataciones temporales con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En cuanto a las infraestructuras de citas y gestión documental, se han financiado con los fondos europeos, aunque el Gobierno niega que se hayan realizado obras de adaptación de inmuebles en los consulados.
Los datos actualizados hasta el 30 de abril revelan la magnitud del proceso: se han presentado 2.622.450 solicitudes de nacionalidad, de las cuales 557.709 han sido aprobadas. El Gobierno admite que es «imposible» calcular el plazo medio de resolución de los procedimientos debido a las especificidades de cada una de las más de 170 oficinas consulares implicadas en todo el mundo. Esta situación ha generado una gran presión sobre los consulados, que en algunos casos han organizado actos masivos de jura de nacionalidad con más de un millar de participantes.
La polémica en torno a la «Ley de Nietos» ha escalado en el debate político en los últimos días. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado lo que considera una «ingeniería electoral» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha alertado de que las intenciones del Ejecutivo no son «inocentes» y ha calificado de «irresponsable» el proceso de nacionalizaciones, sugiriendo que busca «fabricar» nuevos votantes para que le salgan «las cuentas» en futuras elecciones. Desde el PP, se aboga por una Ley de Nacionalidad «con garantías» y más limitada.
Cabe recordar que la Ley de Memoria Democrática, que dio origen a este proceso, se aprobó en octubre de 2022 en el Congreso con el apoyo de Bildu. Inicialmente, la ley reconocía el acceso a la nacionalidad únicamente a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, días después, una instrucción de Sofía Puente, entonces directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, amplió extraordinariamente los beneficiarios, extendiendo la nacionalización a descendientes de emigrantes por cualquier causa. Esto ha permitido que los consulados admitan solicitudes de «hasta tataranietos», según ha documentado este periódico.
El PSOE, por su parte, ha sido la fuerza más votada en el exterior en los cuatro últimos procesos electorales autonómicos —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía—, pese a que el PP se impuso de manera holgada en todos ellos. Esta circunstancia ha alimentado las sospechas de la oposición sobre una posible estrategia del Gobierno para movilizar el voto exterior en «provincias pequeñas», donde la diferencia de votos con el PP es menor. La controversia sigue abierta mientras el Ejecutivo defiende la legalidad del proceso y su financiación con fondos europeos para la transformación digital.