El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la denuncia del 'lawfare' en una pieza central de su estrategia política para hacer frente al goteo de investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente y al Partido Socialista. Lo que comenzó como un argumento de defensa se ha transformado en un relato que, según los datos demoscópicos, cala hondo entre los votantes socialistas. La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el 77,2% de los votantes del PSOE duda de que la Justicia actúe siempre con imparcialidad cuando investiga a partidos políticos, un escepticismo que el Gobierno alimenta con cada nueva decisión judicial.

En Moncloa y en la cúpula del PSOE han ido elevando el tono contra determinadas actuaciones de los jueces, especialmente en el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente. El Ejecutivo considera que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado representa el ejemplo más claro de una supuesta politización de la Justicia. Fuentes gubernamentales calificaron de «arbitraria» la reciente retirada del pasaporte a la mujer del presidente, una medida que, según un ministro consultado, demuestra que «están politizando la Justicia». Este discurso no se limita a la defensa de los investigados, sino que busca reforzar la percepción de una ofensiva política y judicial contra el Gobierno.

Los datos del CIS respaldan esta estrategia: el 76,9% de los encuestados considera que la Justicia no actúa siempre con imparcialidad cuando investiga a partidos, el 88,8% cree que no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y el 78,4% opina que tampoco actúa con equidad entre ricos y pobres. Este contexto de desconfianza institucional es el caldo de cultivo sobre el que el Gobierno ha construido su relato. Un parlamentario socialista lo resume sin ambages: «Todo es lawfare y todo suma a ese relato», convencido de que cada nueva imputación refuerza entre una parte del electorado la idea de que existe una persecución judicial contra el Ejecutivo.

La misma lógica se ha aplicado a otras investigaciones que rodean al partido. La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz por el caso Leire y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra fueron interpretadas inicialmente por Moncloa como parte de una teoría más amplia de «linchamiento». Aunque tras conocer el sumario del caso Plus Ultra el PSOE tuvo que moderar su discurso, el partido ha mantenido el respaldo público a varios de los cargos investigados, entre ellos la gerente del partido, Ana María Fuentes; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el director adjunto operativo, Manuel Llamas; y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

El respaldo a Zapatero encuentra también reflejo en las encuestas. El último barómetro del Instituto DYM para 20minutos, realizado tras conocerse su imputación, muestra que entre los votantes socialistas predominan quienes consideran poco o nada creíbles las acusaciones contra el expresidente. Sin embargo, la misma encuesta revela que la desconfianza de los votantes socialistas en los jueces encuentra sus límites en el caso mascarillas: casi dos de cada tres votantes socialistas reconocen la gravedad de la condena de José Luis Ábalos y Koldo García, lo que sugiere que el relato del 'lawfare' no se aplica de manera uniforme a todas las causas judiciales.

El Gobierno, no obstante, insiste en que la acumulación de procedimientos judiciales contra el entorno de Sánchez no es casual. Desde Moncloa se señala que la coincidencia temporal de la imputación de Zapatero con el juicio de la trama Kitchen no es fortuita, y se cuestiona el papel de Estados Unidos en la investigación del caso Plus Ultra, al haber aportado el contenido del móvil de un exdirectivo de la compañía intervenido en Miami en 2021 y remitido a la Policía española cinco años después. Este enfoque busca mantener vivo un relato que, según los datos, conecta con una parte significativa de su electorado, aunque el propio partido reconoce que no todas las causas judiciales pueden ser explicadas bajo el mismo paraguas.