El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dado luz verde a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que solicite y analice información bancaria de José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y su amigo y socio Julio Martínez, entre otros investigados en el caso Plus Ultra. La medida fue autorizada mediante un auto en el que el magistrado considera que existen indicios suficientes de que el expresidente del Gobierno dirigió una estructura organizada dedicada al tráfico de influencias.

Según la resolución judicial, la UDEF podrá examinar seis cuentas bancarias de las que es titular Zapatero en tres entidades distintas, así como cuentas de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, de la secretaria Gertrudis Alcázar y de Julio Martínez, a quien el juez señala como el testaferro del expresidente. También se incluyen varias sociedades como Inteligencia Prospectiva, Caleton Consultores, Affita, Iot Domotic Europe y Sofgestor, que formarían parte del entramado societario investigado.

El auto explica que estas compañías pagaron dádivas a Zapatero mediante contratos de asesoría simulados, con el objetivo de justificar pagos que en realidad eran mordidas. Los fondos habrían sido canalizados a través del entramado de Julio Martínez, quien actuaba como persona de confianza, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red. Por su parte, la secretaria Alcázar participaba de forma constante en comunicaciones, documentación y agenda, con conocimiento suficiente de las actividades ilícitas, según el magistrado.

La UDEF ha solicitado este análisis después de que no encontrara, hasta el momento, pagos directos del entramado a la secretaria. Sin embargo, la unidad policial destacó que Alcázar adquirió un inmueble en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca, mediante transferencias realizadas entre marzo de 2021 y junio de 2023. El escrito señala que no se han encontrado operaciones que justifiquen la capacidad económica mostrada para dicha compra, lo que ha llevado a profundizar en el origen de los fondos.

La investigación se enmarca en el caso Plus Ultra, que indaga una presunta trama de influencias ilícitas en favor de determinados clientes, como la propia aseguradora Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Sofgestor. El juez subraya que la mayor parte de la información financiera disponible hasta ahora procede de datos tributarios declarados por los propios interesados, por lo que es necesario verificarla mediante el acceso directo a las entidades bancarias. De esta manera, se podrá determinar si existieron flujos de dinero no declarados que vinculen a los investigados con las dádivas.

El magistrado Calama ha autorizado un total de más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades. La Policía se centrará especialmente en los flujos de dinero desde Julio Martínez y sus sociedades hacia las cuentas de Zapatero y Whathefav, la empresa de marketing de sus hijas. Se espera que los nuevos informes policiales, una vez analizada la información bancaria, aporten luz sobre el entramado de corrupción y posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El caso continúa bajo secreto de sumario.