El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado abrir una pieza separada dentro del caso Leire para investigar las cuentas bancarias del PSOE y de varios implicados en la presunta trama de las cloacas de Ferraz. La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, busca aclarar los pagos que la formación política habría realizado a los miembros de la red investigada, entre ellos la exmilitante socialista Leire Díez y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizará los movimientos bancarios con el fin de confirmar los pagos ya detectados y determinar si existen otras transferencias de las que no se tiene constancia. La información se tratará en una pieza separada del procedimiento principal para evitar eventuales filtraciones de «datos sensibles económicos», según recoge el auto del magistrado.
El auto incluye mandamientos judiciales remitidos a doce entidades financieras distintas, a las que se reclama información sobre los movimientos y saldos de 82 cuentas. De ellas, seis pertenecen al PSOE y están distribuidas en seis bancos diferentes. La mayor parte de las cuentas, 61 en total, corresponden a Ismael Oliver o a sus sociedades, Oliver Gruppe SL y Estudio Jurídico Oliver & Partners SL.
La lista de titulares afectados, ocho personas físicas o jurídicas, incluye además al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y a su consultora Zaño Sociedad Consultores SL, al abogado Jacobo Teijelo y al medio de comunicación Crónica Libre, cofundado por Leire Díez. Según el mandato judicial, las entidades deben remitir la información directamente al Grupo de Delincuencia Económica de la UCO, cuyos agentes quedan autorizados para solicitar cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria precisen.
El magistrado justifica la medida en la necesidad de impedir que el traslado íntegro de la información bancaria permita su pública difusión. En su resolución advierte de que, si esos datos se incorporaran a la pieza principal, en la que están personadas las acusaciones populares, su filtración «se torna imposible de controlar». La investigación trata de determinar quién ordenó y quién recibió los pagos relacionados con la presunta organización criminal.
El auto resume los hechos que motivan la decisión. Señala que Leire Díez «habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE» de los honorarios de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Añade que Oliver y su empresa Oliver Gruppe SL habrían servido para «hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire Díez» y subraya que ambos letrados se encontraban prestando servicios para la presunta organización criminal cuando se produjeron los pagos.
El caso, conocido como caso Leire, investiga una supuesta trama para obstaculizar procedimientos judiciales que podrían afectar al PSOE y al Gobierno. La red habría estado liderada, supuestamente, por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez. Zarrías, Oliver y Teijelo ya han sido imputados en la causa. La nueva pieza separada permitirá además rastrear el destino de los fondos e identificar a los titulares reales y a las personas autorizadas de las cuentas, así como las transferencias nacionales e internacionales emitidas o recibidas.
La resolución también interesa que los bancos aporten datos sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, y que, en caso de cobro de cheques, indiquen la cuenta vinculada, el importe, la fecha de ingreso y el beneficiario. Con estos elementos, la UCO podrá completar el mapa financiero de la trama y comprobar si los pagos conocidos hasta ahora fueron los únicos que se realizaron.