La gestión de los graves incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid y otras regiones ha desatado este viernes una nueva bronca política entre el Partido Popular y el Gobierno central. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha tildado de «miserable» tanto al ministro de Transportes, Óscar Puente, como al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por sus críticas a los recortes de los populares en los dispositivos de lucha contra el fuego. La dirigente popular ha instado a dejar de lado la «rivalidad política» y a remar todos en la misma dirección ante una emergencia que ha obligado al desalojo de 11.500 personas.

El cruce de acusaciones se produce después de que el Gobierno central declarara anoche la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, debido a la evolución de los incendios forestales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. El avance de las llamas ha afectado también a Castilla-La Mancha y Castilla y León, y ha llevado a la activación del nivel más alto de la escala de emergencias, la denominada «Situación Operativa 3», que deja en manos del Estado la coordinación de los medios de extinción. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había solicitado esta medida el jueves a través de una carta de su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.

En medio de la crisis, Ayuso ha elevado el tono. Preguntada por la prensa sobre las críticas de la izquierda a los recortes de la Comunidad de Madrid en servicios sociales y en la lucha antiincendios, la presidenta respondió: «El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, ahí su conciencia». El ministro Puente se sintió aludido y publicó un tuit dirigido directamente a Ayuso: «De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú».

El enfrentamiento no se ha limitado a las redes sociales. Ezcurra ha rechazado la posibilidad de un pacto de Estado contra los incendios, argumentando que el PP ya presentó un plan detallado contra las emergencias naturales en septiembre del año pasado, que se tradujo en iniciativas parlamentarias, mientras que el Gobierno se desmarcó con una propuesta de pacto de Estado que «no cabía». La dirigente popular ha insistido en que «no se entiende que todas las fuerzas políticas no colaboren en el mismo objetivo» cuando el país observa con preocupación cómo las administraciones trabajan contra el fuego.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha sido acusado por el PP de no actuar con la rapidez necesaria cuando Ayuso pidió la declaración de emergencia nacional. Desde el Ejecutivo central, sin embargo, se ha señalado que la demora se debió a la necesidad de evaluar la evolución de los incendios y coordinar los recursos disponibles. La polémica se enmarca en un contexto de recortes previos en los presupuestos destinados a la prevención y extinción de incendios en la Comunidad de Madrid, que el Gobierno de Ayuso ha justificado con bajadas de impuestos y reasignaciones presupuestarias.

Los incendios forestales que afectan a la zona centro de España han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. La declaración de emergencia nacional permite movilizar medios estatales, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya colabora en las labores de extinción. Hasta el momento, se han desalojado 11.500 personas de municipios como Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, y las llamas continúan activas en varias zonas. Las autoridades han pedido a la población que extreme las precauciones y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

La bronca política, sin embargo, ha eclipsado en parte la gravedad de la situación. Mientras los equipos de extinción trabajan sin descanso, los principales partidos se enzarzan en acusaciones mutuas sobre quién es responsable de los recortes y de la gestión de la crisis. El PP insiste en que el Gobierno central debería haber actuado antes, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda que la Comunidad de Madrid ha reducido los fondos para la lucha contra incendios en los últimos años. La ciudadanía, mientras tanto, sigue pendiente de la evolución de las llamas y de las labores de extinción.