El Partido Popular ha anunciado que llevará de nuevo al Senado a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, después de que fuera imputado en el caso de las cloacas del PSOE. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, confirmó este domingo que Serrano comparecerá ante la Comisión de Investigación sobre la SEPI para dar explicaciones sobre su presunta implicación en una trama que, según la investigación judicial, buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido socialista y al presidente del Gobierno.

La imputación de Serrano se produce en el marco de una causa liderada por el juez Pedraz, quien investiga su «participación preeminente» en dos ramas del caso: supuestas irregularidades en contratos públicos y maniobras para torpedear causas judiciales contra los socialistas. Según fuentes del PP, la decisión de citarlo responde a la necesidad de esclarecer su papel en estos hechos, que han generado una creciente preocupación en el seno del PSOE.

«Sánchez no tiene precio como cazatalentos para el delito, todo el que le rodea acaba imputado, procesado o condenado», declaró Alicia García, quien subrayó que Serrano está implicado «en la corrupción sanchista en un doble sentido: tanto en el cobro de comisiones como en la delincuencia de Estado que llevó a cabo el comando de las cloacas para tapar la corrupción». La portavoz popular recordó que, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la fontanera socialista Leire Díez «acordó con Juanma Serrano durante los días de reflexión de Sánchez ayudar al presidente del Gobierno».

Esta no es la primera vez que el PP lleva a Serrano al Senado. El pasado 15 de septiembre ya compareció en la Comisión del caso Koldo, otro de los escándalos que salpican al entorno del presidente. Ahora, su nueva citación se suma a la creciente presión judicial y política sobre los colaboradores más cercanos de Sánchez, que incluye a figuras como el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por el caso mascarillas, y Santos Cerdán, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

En el PSOE, la imputación de Serrano ha generado un clima de inquietud. Fuentes de la Ejecutiva Federal socialista reconocieron a Europa Press «la preocupación y el cabreo» que provoca que otro estrecho colaborador del presidente haya sido declarado formalmente investigado en una causa por presunta corrupción. «No pinta bien», señalaron estas fuentes, que también indicaron que Sánchez está visiblemente afectado por la concatenación de casos judiciales que afectan a su entorno, hasta el punto de que «se le nota en la cara» y «está demacrado».

Algunos cargos socialistas con peso en federaciones autonómicas sostienen que Sánchez debería rendir cuentas y salir a dar explicaciones a los ciudadanos por la suma de causas en su entorno. Estas voces internas consideran «terrible» que se haya usado el nombre del PSOE y su dinero para atacar a jueces, y se preguntan si el presidente elegía mal a sus ayudantes o si sabía lo que hacían, o incluso lo ordenaba de alguna manera.

Juanma Serrano es uno de los leales a Sánchez desde sus inicios en la política. Fue su jefe de gabinete mientras el presidente estaba en la oposición, desde 2014, cuando llegó a la Secretaría General del PSOE, hasta 2018, cuando entró en La Moncloa. Posteriormente, fue nombrado presidente de Correos, aunque siempre mantuvo una relación muy próxima con Sánchez. Su imputación se suma a la de otras tres «manos derechas» del presidente: Ábalos, Cerdán y ahora Serrano, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la gestión del líder socialista.

El pasado 26 de junio, Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados para abordar los casos de corrupción que asedian al PSOE y a su familia. En esa intervención, se victimizó al afirmar que «no sabía nada y no lo hubiera tolerado», y recibió un ferviente aplauso de los diputados socialistas, similar al que en su día dispensaron a Ábalos en julio de 2020, cuando se le preguntaba por el escándalo del Delcygate. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó entonces criticando la «soberbia» y la «indignidad» de los grupos que apoyan al Gobierno.

A pesar de la presión judicial y política, Sánchez sigue en La Moncloa, defiende la limpieza de su Gobierno y de su partido, y descarta un adelanto electoral. Sin embargo, la imputación de Serrano y la acumulación de casos en su entorno han abierto un nuevo frente de debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el Ejecutivo, mientras el PP intensifica su ofensiva parlamentaria para exigir explicaciones.