El Partido Popular ha anunciado su disposición a respaldar una ley de nacionalidad más amplia que la actual, que incluya a los descendientes de todos los emigrantes españoles, no únicamente a los exiliados políticos de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, los populares condicionan su apoyo a que la medida se aplique «con garantías», lo que implica límites generacionales, mayor control documental y dotación de recursos consulares. La propuesta surge en pleno debate político sobre la conocida como Ley de Nietos, que ha permitido que 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad española desde su aprobación en 2022.
La iniciativa del PP, según fuentes del partido, se articularía a través de una reforma extensa del Código Civil que aborde los distintos supuestos de acceso a la nacionalidad. A diferencia de la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, que se centra en los descendientes de exiliados políticos, el planteamiento popular abarcaría también a quienes emigraron por razones económicas o de otra índole. No obstante, la propuesta estaría acotada a dos generaciones —es decir, hijos y nietos—, excluyendo a bisnietos y tataranietos, que sí pueden acogerse a la normativa vigente. Además, se exigiría una acreditación documental más rigurosa sobre el vínculo familiar y se reforzarían las oficinas consulares con personal y recursos para gestionar las solicitudes.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de «ingeniería electoral» al facilitar la nacionalización masiva de descendientes de emigrantes. Según Feijóo, el Ejecutivo busca «fabricar nuevos votantes» porque con el censo actual «no le salen las cuentas». Los datos oficiales indican que, hasta la fecha, se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes de los 2,6 millones de solicitudes presentadas. El impacto en el censo electoral es significativo: en las últimas cuatro elecciones autonómicas —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— el PSOE fue la fuerza más votada en el exterior, mientras que el PP obtenía mejores resultados en el recuento general.
En los próximos días, el PP presentará un conjunto de iniciativas parlamentarias para exigir transparencia y garantías jurídicas sobre el proceso de nacionalización. Entre ellas, destaca la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el pleno del Congreso. Los populares quieren que Albares informe sobre el funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución de los expedientes y el número de solicitudes recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes. También reclaman un informe de la Abogacía General del Estado sobre la externalización de servicios consulares, en particular la contratación de la empresa pública Grupo Palco, vinculada a la dictadura cubana, por un importe de 1.602.217 euros para labores de apoyo en el Consulado de España en La Habana. Asimismo, solicitan información sobre la contratación de la empresa pública Ineco para tareas similares.
El PP también ha pedido copias de los expedientes completos de contratación y datos desglosados por oficina consular sobre las solicitudes de nacionalidad. Desde Génova insisten en que «esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad». La polémica ha cobrado fuerza después de que varios medios revelaran la estrategia del PSOE para movilizar el voto exterior en América Latina. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en un encuentro con militantes socialistas en Buenos Aires, afirmó que los descendientes de emigrantes «podéis votar gracias a este Gobierno». Su sucesor al frente del PSOE en el Exterior, César Mogo, ha realizado visitas frecuentes a la región y ha reconocido en entrevistas que «todo» descendiente de emigrante español tiene «derecho» a ser español, presumiendo de que en Argentina habría más nacionalizados con derecho a voto que en el 95% de las ciudades españolas.
El debate sobre la nacionalización de descendientes de emigrantes ha puesto de manifiesto la dimensión política del censo electoral. Mientras el PP aboga por un proceso más restrictivo y controlado, el Gobierno defiende la ley actual como un acto de reparación histórica. La propuesta popular, que aún debe concretarse en iniciativas parlamentarias, busca un equilibrio entre la ampliación de derechos y la prevención de posibles fraudes o usos electorales. La comparecencia de Albares y los informes solicitados serán clave para determinar el futuro de esta reforma.