El Partido Popular ha manifestado su respeto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley de amnistía, aunque ha subrayado que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. En una declaración difundida este jueves, fuentes de la dirección nacional del PP señalaron que el fallo no examina el conjunto de la norma ni su constitucionalidad, sino que se limita a resolver dudas concretas sobre aspectos del Derecho de la Unión planteadas por tribunales españoles. Los populares anticiparon que el Gobierno intentará presentar esta decisión como el cierre del debate, pero advirtieron de que se equivoca, porque la discusión nunca fue solo jurídica, sino que gira en torno a si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria.
«Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad, ni mucho menos que pueda hacerlo contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles, que es lo que hizo Pedro Sánchez», sostuvieron las fuentes del PP. En la sede de Génova rememoraron el acuerdo del Ejecutivo con la formación de Carles Puigdemont, que incluía la ley de amnistía para lograr los apoyos suficientes para la investidura de Sánchez, lo que arrebató la Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, pese a que el PP fue el partido más votado en las elecciones generales de julio de 2023. «Eso siempre será moralmente inaceptable», insistieron.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, rechazó que sea «legítimo, moral y decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo». La decisión del TJUE apunta a que la malversación cometida durante el procés independentista catalán no choca con los intereses económicos de la UE y que los delitos de terrorismo de los que se acusa a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) se pueden amnistiar. Sin embargo, en el PP consideran que ninguna decisión judicial «absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo» ni elimina su «responsabilidad política», pues diez años después Cataluña todavía «intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico».
La dirección nacional del PP ha intensificado su presencia en los últimos meses en Cataluña para tratar de atraer a votantes decepcionados con los partidos independentistas y ofrecerles la alternativa representada por Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova insisten en que seguirán por el mismo camino: ofreciendo su proyecto a Cataluña para «abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad».
Con todo, el PP resta importancia a la decisión del TJUE, pues no entra a valorar el fondo de la cuestión. Únicamente resuelve «las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán estos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución». El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional planteaban en sus cuestiones prejudiciales que la ley de amnistía española vulneraba el derecho comunitario tanto en materia antiterrorista —por los altercados en las calles— como en la afectación a los intereses financieros de la UE —por si se utilizaron fondos europeos—, algo que ha descartado la justicia europea. Sin embargo, desde el PP resaltan que el fallo «no examina ni la constitucionalidad, ni la oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley».
El expresidente del Gobierno José María Aznar también se pronunció sobre la sentencia durante la segunda y última jornada del foro que organiza el Partido Popular Europeo (EPP) a favor de la libertad. Aznar cargó contra las «pretensiones nacionalistas que albergan la esperanza de agitar los sillares de la Unión Europea» y animó a combatir «una de las desviaciones políticas de nuestros tiempos: el intento de confrontar y enfrentar democracia y ley». Lo hizo minutos después de conocerse la decisión de la justicia europea, por lo que resaltó que «en un día como hoy especialmente conviene recordarlo». «La agresión sediciosa al Derecho no debe quedar impune ni mucho menos recompensarse», enfatizó, para recordar que «cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo».
Insistiendo en minimizar el alcance de la sentencia, las mismas fuentes populares describieron que se trata de «un paso más» de un largo proceso judicial en el que «todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales». En este punto, lanzaron un recado al Ejecutivo al afirmar que los demócratas —como el PP— «respetan las sentencias siempre» y no las interpretan en función «de si le gustan más o menos». Así, desean que «el Gobierno lo hiciese en todas las causas judiciales que les afectan directamente», tras las críticas vertidas por diversos miembros del Ejecutivo ante sentencias como la del hermano de Pedro Sánchez.