El Senado aplaza de nuevo la renovación del Constitucional por el bloqueo del PP
Por Hugo Gallego · 4 min
La renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional acumula más de nueve meses de retraso. El Senado, controlado por el PP, amplía el plazo para que las comunidades autónomas presenten candidatos hasta el 30 de noviembre, lo que podría prolongar la situación hasta 2027.
La renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional vuelve a aplazarse. El Senado ha decidido ampliar de nuevo el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus candidatos, fijando una nueva fecha límite para el 30 de noviembre. Esta prórroga, la enésima en un proceso que ya acumula más de nueve meses de retraso, supone que los mandatos caducados de estos jueces se prolonguen al menos hasta finales de año, pudiendo llegar a estar en el cargo incluso cuando arranque 2027.
Los mandatos de los cuatro magistrados afectados concluyeron el pasado 17 de diciembre, pero ninguno de ellos ha sido aún sustituido. Entre los afectados se encuentra el propio presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, quien ha advertido en varias ocasiones al Senado de que su mandato y el de sus tres compañeros se encuentra caducado y de la necesidad de proceder a la renovación de los cargos. La situación adquiere especial relevancia por la posición que ocupa Conde-Pumpido dentro del Constitucional, ya que el PP lo ha convertido en uno de sus principales objetivos políticos y cuestiona abiertamente su actuación al frente de la institución.
El procedimiento de renovación está establecido en la Constitución. El Tribunal Constitucional está formado por 12 magistrados, nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso, cuatro del Senado, dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial. Los candidatos propuestos por las cámaras deben contar con una mayoría de tres quintos. En el caso de los cuatro miembros que corresponden al Senado, son los parlamentos autonómicos los encargados de remitir previamente sus propuestas. Es precisamente en ese paso previo donde se han ido acumulando las demoras.
La Cámara Alta ha ido ampliando los plazos concedidos a las asambleas autonómicas para que presenten sus candidatos. Primero se produjeron retrasos vinculados al calendario electoral autonómico y, posteriormente, Cantabria solicitó una prórroga por la festividad de la Virgen de la Bien Aparecida que llevó el límite hasta el 30 de septiembre. La Mesa del Senado, controlada por el PP, aceptó aquella petición pese a la oposición socialista. Cuando se acercaba nuevamente la fecha límite, Andalucía pidió otra ampliación. El Parlamento andaluz, constituido el pasado 11 de junio, aún no ha designado a sus candidatos, lo que ha motivado la nueva prórroga hasta el 30 de noviembre.
El PP dispone de mayoría absoluta en el Senado, precisamente la Cámara que debe proponer a los cuatro magistrados llamados a sustituir a los que tienen el mandato vencido. El retraso propiciado ha derivado en que se mantengan en el cargo los actuales miembros, mientras que los populares parecen estar jugando sus cartas de tal manera que aparentan estar aguardando a un escenario electoral que les otorgue una cantidad de escaños con la cual disponer de las mayorías necesarias para decidir quiénes serán sus sustitutos. Así, el escenario que estaría contemplando el PP pasaría por esperar a unos futuros comicios generales en los que tratar de alcanzar, junto a Vox, una mayoría suficiente en las Cortes que le permita afrontar los nombramientos sin depender del PSOE.
La situación de interinidad del Tribunal Constitucional se produce en un momento de alta tensión política. El bloqueo de la renovación ha sido criticado por la oposición, que acusa al PP de utilizar su mayoría en el Senado para obstaculizar el normal funcionamiento de las instituciones. Mientras tanto, los magistrados con mandato caducado continúan ejerciendo sus funciones, lo que genera dudas sobre la legitimidad de algunas de sus decisiones. El retraso podría tener consecuencias significativas en asuntos pendientes de gran relevancia para el país.
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