El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso decisivo en la batalla judicial contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha abierto una pieza separada para la ejecución forzosa de la sentencia que anuló estas restricciones al tráfico, concediendo al equipo de José Luis Martínez-Almeida un plazo de 20 días para presentar alegaciones. La decisión llega a instancias de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que exige la paralización inmediata de los cobros y embargos, así como la devolución de lo recaudado.

Las cifras en juego son demoledoras: más de 3,4 millones de expedientes sancionadores, con un montante total de 663 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025. Con el Tribunal Supremo ya cerrado a la vía del recurso —inadmitió el recurso del Consistorio— y varios juzgados ampliando la nulidad a todas las multas, el pulso jurídico entra en su fase más crítica. Mario Arnaldo, presidente de AEA y uno de los abogados más reconocidos en la defensa de los conductores, analiza cómo se ha llegado hasta aquí y qué debe hacer ahora el Ayuntamiento con un cobro que la Justicia considera ilegítimo.

Arnaldo califica de "incomprensible" la actitud del Ayuntamiento de Madrid respecto a las multas de las ZBE. Recuerda que el conflicto comenzó con el gobierno de Manuela Carmena y que, durante su etapa en la oposición, el actual alcalde Almeida criticó duramente aquellas restricciones y prometió anularlas. Sin embargo, al llegar al gobierno, "cambiaron radicalmente de opinión" y las restricciones se ampliaron a todo el término municipal, multiplicándose y volviéndose "mucho más duras". Según el presidente de AEA, esta decisión fue política y no técnica, y se adoptó "sin sentido", sin contemplar todas las circunstancias.

"Podemos pasar del cero al infinito, eliminar todos los vehículos de combustión de la noche a la mañana, pero eso requiere una transición adecuada", explica Arnaldo. "La situación económica no permitía a cientos de miles de madrileños tirar sus coches y comprarse uno eléctrico". El abogado subraya que, aunque existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que sancionó a España por incumplir los niveles de emisiones, los focos de contaminación son variados. "Se ha querido criminalizar al automóvil de forma desproporcionada, cuando había otros focos, como las calefacciones, que también contaminaban en la ciudad de Madrid", añade.

Arnaldo defiende que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de mejorar la calidad del aire, pero cuestiona las medidas adoptadas. Critica especialmente la decisión de eliminar de la noche a la mañana los vehículos de más de diez años, que deben pasar una inspección técnica anual que verifica sus emisiones reales. "Si un vehículo emite más de lo permitido, no puede circular, cosa que no se está comprobando en el resto de los vehículos", señala. "Esto era injusto, especialmente para gente mayor o con menor capacidad económica que conserva sus vehículos, los utiliza poco y no puede amortizar la compra de uno nuevo".

El Ayuntamiento de Madrid publicita que la calidad del aire ha mejorado y que las emisiones se están controlando. Sin embargo, Arnaldo advierte de que esta mejora no se debe únicamente a las ZBE, sino a otras medidas como la renovación del parque de autobuses o las restricciones a las calefacciones. "Cuidado con este tema", alerta. "Afortunadamente, se ha conseguido mejorar la calidad del aire, pero no gracias a una medida desproporcionada que castiga a los ciudadanos que pagan sus impuestos en Madrid y a los que, además, se les impide circular".

Desde Automovilistas Europeos Asociados, la asociación ha protegido a decenas de miles de automovilistas afectados por lo que consideran una "irracionalidad" del Ayuntamiento. Arnaldo recuerda que fue su asociación la que consiguió una moratoria que amplió los plazos de prohibición para los vehículos de los vecinos de Madrid. "Gracias a nuestra actuación en defensa de los derechos legítimos de los automovilistas madrileños, pedimos una moratoria y la conseguimos", afirma. "Los vehículos empezaban a tener una prohibición en 2025, luego en 2026, y nosotros logramos ampliarla para que pudieran circular".

El presidente de AEA insiste en que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad y devolver el dinero recaudado de forma ilegítima. "El Ayuntamiento de Madrid se ha montado un negocio multimillonario con las zonas de bajas emisiones", denuncia. "Más de 663 millones de euros en multas que la Justicia ha declarado nulas. Ahora deben paralizar los cobros y devolver lo recaudado". La batalla judicial, que ya ha superado varias instancias, se encamina hacia una resolución definitiva que podría sentar un precedente para otras ciudades españolas con restricciones similares.