El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado esta semana sus críticas al Gobierno al acusarlo de utilizar la conocida como «ley de nietos» para modificar el censo electoral de cara a futuros comicios. Durante un acto de partido celebrado en Castellón, Feijóo afirmó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca «alterar el censo» mediante un proceso de nacionalización masiva, y calificó la medida como una «ingeniería social» que «no tiene objetivos inocentes». Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política, donde el PP ha combinado denuncias sin pruebas de fraude electoral con intentos de sus portavoces de suavizar el mensaje.
Feijóo aseguró que el Gobierno está impulsando una «nacionalización masiva» que podría incorporar hasta ocho millones de personas al censo, una cifra que mezcla solicitudes de nacionalidad española con procesos de regularización migratoria, y que no se corresponde con los datos oficiales. Según el Ministerio de Justicia, desde 2022 se han aprobado alrededor de medio millón de peticiones de nacionalidad, de las cuales poco más de 300.000 han sido inscritas en el Registro Civil. El líder de la oposición también puso en duda la transparencia del proceso, al afirmar que el Gobierno actúa «con opacidad» y sin las garantías legales exigibles.
La estrategia del PP ha generado confusión interna, ya que mientras Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzan acusaciones directas de manipulación electoral, otros dirigentes del partido intentan matizar el discurso. Ayuso llegó a preguntarse si el Gobierno está «intentando nacionalizar socialistas», mientras que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aseguró este viernes que el partido no pone «en tela de juicio» la limpieza del proceso electoral, aunque sí exige transparencia en la gestión de las solicitudes. Sémper también defendió el derecho de los nietos de exiliados a obtener la nacionalidad, pero criticó que el proceso se haya convertido en «un desbarajuste».
La Ley de Memoria Democrática, que permite a los descendientes de exiliados españoles solicitar la nacionalidad, cerró su plazo de solicitudes en octubre de 2025. Actualmente, la administración solo está verificando si los solicitantes cumplen los requisitos, sin que sea posible nuevas inscripciones. A pesar de ello, Feijóo ha insistido en que el Gobierno busca «fabricar dos millones y medio de votantes» para compensar una posible derrota electoral. Estas afirmaciones contrastan con el hecho de que ni el PP ni Vox alertaron de problemas durante la tramitación parlamentaria de la ley, y solo han elevado sus críticas en 2026, cuando el proceso ya no puede revertirse.
El líder del PP también vinculó la ley de nietos con la regularización extraordinaria de personas migrantes, un proceso diferente que no está relacionado con la adquisición de nacionalidad. Al mezclar ambos datos, Feijóo presentó una cifra inflada de posibles nuevos votantes, lo que ha sido calificado por fuentes gubernamentales como una «manipulación» de los números. El Gobierno ha defendido la legalidad del proceso y ha recordado que todas las solicitudes son evaluadas de forma individual por el Ministerio de Justicia, con los mismos criterios de rigor que cualquier otro trámite de nacionalidad.
Mientras tanto, el PP mantiene una doble estrategia: por un lado, sus líderes más visibles azuzan las denuncias de «pucherazo» electoral, y por otro, sus portavoces intentan reconducir el discurso para no parecer que cuestionan la integridad del sistema. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, aseguró que el partido «siempre» defendió la nacionalidad para los descendientes de exiliados, mientras que Sémper insistió en que los nietos tienen derecho a la nacionalidad, pero criticó la falta de garantías en el proceso. Esta ambigüedad refleja la dificultad del PP para equilibrar su crítica al Gobierno con el respeto a las instituciones electorales.
La polémica se produce en un momento de especial sensibilidad política, con las encuestas mostrando un escenario ajustado de cara a las próximas elecciones generales. Feijóo ha utilizado este tema para movilizar a su base electoral, pero las acusaciones sin pruebas de manipulación del censo han sido recibidas con escepticismo por parte de otros partidos y de expertos en derecho electoral. Mientras el Gobierno insiste en que el proceso se ha desarrollado con total transparencia, el PP continúa elevando el tono, en una estrategia que busca desgastar al Ejecutivo de cara a los próximos comicios.