La crisis migratoria en la frontera de Ceuta ha abierto un nuevo frente político en España. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, han criticado duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y han coincidido con las voces de varios países de la Unión Europea que cuestionan la política migratoria española.
Durante los últimos días, los principales dirigentes nacionales se han desplazado a la ciudad autónoma para conocer de primera mano una situación que ya se describe como una de las crisis migratorias más graves vividas en el país. Las visitas se han sucedido en apenas tres jornadas: Pedro Sánchez acudió el viernes, Alberto Núñez Feijóo el sábado y Santiago Abascal el domingo. Tras su visita, el presidente del Gobierno inició sus vacaciones de verano, una decisión que la oposición no ha dejado pasar por alto y que ha incorporado a su lista de reproches.
Pese a las profundas diferencias en el diagnóstico, los tres líderes coincidieron al menos en lamentar la pérdida de vidas humanas en el mar durante los intentos de entrada a nado en Ceuta. A partir de ahí, los discursos se separaron por completo. Tanto el PP como Vox, aunque de manera independiente, han cuestionado si el Ejecutivo conocía con antelación la posibilidad de una llegada masiva de migrantes a la frontera con Marruecos.
Feijóo aseguró que Sánchez sabía desde principios de semana que podía producirse una entrada masiva y le acusó de no haber adoptado medidas para evitarla. El líder popular calificó lo ocurrido como «una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español» y lo vinculó a una política migratoria que considera demasiado permisiva. El PP ha reclamado además una reforma de la Ley de Extranjería para ampliar la aplicación del rechazo en frontera a las entradas por vía marítima y ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
El discurso de Santiago Abascal fue todavía más duro. El líder de Vox responsabilizó al Ejecutivo de la crisis y centró sus ataques en la relación entre España y Marruecos. Acusó a Sánchez de estar «sometido» al país vecino y reclamó una mayor presencia militar en la frontera de Ceuta. Abascal sostuvo que Marruecos actuó con la convicción de que la respuesta española no sería contundente y llegó a insinuar que Marruecos podría disponer de información sobre el presidente del Gobierno. En ese contexto, pidió que Sánchez «dé cuentas» y llegó a solicitar su ingreso en prisión.
Frente a estas acusaciones, Pedro Sánchez defendió la respuesta del Ejecutivo y ofreció una lectura distinta del origen de la crisis. Tras visitar Ceuta y reunirse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el presidente calificó la entrada masiva de migrantes como «una violación de la integridad territorial de España» y responsabilizó a las mafias dedicadas al tráfico de personas. Según el Gobierno, estas organizaciones habrían realizado una interpretación interesada de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera para impulsar la llegada de migrantes. Sánchez aseguró que el Estado utilizará «todos los resortes» disponibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Ceuta y subrayó que la situación rompe con la tendencia de reducción de los flujos migratorios irregulares registrada durante su mandato.
La gestión de la crisis también ha trascendido las fronteras españolas. El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, calificó de «alarmante» la situación en la frontera y vinculó la llegada masiva con el denominado «efecto llamada» que, a su juicio, generan determinadas políticas migratorias. Varios países europeos han cuestionado el enfoque de España y han reclamado una mayor coordinación comunitaria. Esta presión ha llevado a plantear una reunión de los ministros de Interior de la UE para abordar el refuerzo de las fronteras exteriores.
Tanto Feijóo como Abascal han utilizado esas críticas europeas para reforzar sus reproches al Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que la respuesta debe centrarse en la cooperación con Marruecos, la persecución de las redes de tráfico de personas y el refuerzo de la seguridad fronteriza. La oposición, sin embargo, insiste en que la responsabilidad política corresponde al presidente del Gobierno y mantiene sus demandas de comparecencia y de un giro en la política migratoria.