Armando Fernández Larios, un exagente de la dictadura chilena que participó en el asesinato del exministro Orlando Letelier en Washington D.C. en 1976, fue liberado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en febrero de 2026, tras permanecer detenido solo cuatro meses. La decisión ha reavivado el debate sobre la selectividad de las políticas migratorias estadounidenses y la impunidad de crímenes internacionales.

Fernández Larios fue arrestado el 27 de octubre de 2025 por agentes del ICE en Miami, Florida, y trasladado a un centro de detención. El Departamento de Seguridad Nacional lo señaló como responsable de «homicidio» por el atentado con coche bomba del 21 de septiembre de 1976, que acabó con la vida de Letelier, de 44 años, y de su asistente Ronni Moffitt, de 25 años, en el exclusivo barrio de Sheridan Circle, a pocos metros de la embajada de Irlanda. La explosión, activada bajo el asiento del vehículo, fue parte de la Operación Cóndor, una red de coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas apoyada por Estados Unidos.

El historial criminal de Fernández Larios es extenso. Formó parte de la llamada Caravana de la Muerte, una brigada militar chilena que, tras el golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, ejecutó a aproximadamente un centenar de prisioneros políticos. En 1978, un gran jurado en Washington lo imputó por el asesinato de Letelier, junto con el entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, y otras cinco personas. Sin embargo, Chile se negó a extraditarlo, y no fue hasta enero de 1987 que Fernández Larios se declaró culpable en Estados Unidos de «complicidad a posteriori» en el asesinato de un funcionario extranjero. Fue sentenciado a entre 27 y 84 meses de prisión, pero cumplió solo cinco meses tras recibir cartas de clemencia de altos funcionarios del Departamento de Estado, incluido el exsecretario Henry Kissinger, quien también intervino en su defensa en un juicio civil posterior.

En 2003, un tribunal federal de Florida declaró a Fernández Larios responsable de ejecución extrajudicial, tortura y crímenes de lesa humanidad en el caso de Winston Cabello, una de las víctimas de la Caravana de la Muerte. El jurado le impuso una indemnización de cuatro millones de dólares a la familia Cabello, suma que nunca pagó. A pesar de estas condenas, Fernández Larios vivió durante décadas en Estados Unidos bajo protección federal, sin enfrentar nuevas acciones legales hasta su reciente detención.

La liberación de Fernández Larios ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, quienes señalan que el ICE, que suele jactarse de detener a «lo peor de lo peor», ha actuado de manera inconsistente. Mientras tanto, desde el inicio de la actual presidencia de Donald Trump, al menos doce personas han muerto en operaciones del ICE, la mayoría por irregularidades migratorias menores, lo que contrasta con el trato dado a un individuo condenado por crímenes de lesa humanidad.

El caso también pone de relieve la persistencia de la impunidad en torno a la Operación Cóndor y el papel de Estados Unidos en la protección de agentes de dictaduras latinoamericanas. La placa conmemorativa en Sheridan Circle, que recuerda el asesinato de Letelier y Moffitt, sigue siendo un testimonio silencioso de un crimen que, medio siglo después, aún no ha encontrado justicia plena.