La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para determinar si la entrada masiva e irregular de miles de personas en Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio respondió a una acción organizada y coordinada por un grupo criminal. La jueza María Tardón ha solicitado a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional un informe con toda la información disponible sobre los hechos y sobre las personas que pudieron participar en ellos o facilitarlos.
La decisión llega después de que el tribunal admitiera a trámite la denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa, que atribuye lo sucedido a posibles delitos contra la seguridad del Estado y la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. El auto requiere a la UCRIF que se pronuncie expresamente sobre si la llegada simultánea de miles de personas a las costas ceutíes fue una actuación concertada o dirigida por alguna organización criminal. También reclama los elementos de identificación de quienes hubieran podido intervenir en la entrada masiva.
La investigación se enmarca en el episodio ocurrido en el espigón del Tarajal, por el que entraron en Ceuta unas 50.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno. La crisis dejó al menos 88 migrantes fallecidos, lo que desbordó la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y de los servicios de acogida de la ciudad autónoma.
La denuncia de Iustitia Europa sostiene que un movimiento de esa magnitud y coordinación no puede considerarse un fenómeno migratorio espontáneo. La entidad añade que la presión ejercida sobre la frontera española comprometió la seguridad en uno de los límites exteriores de la Unión Europea. Además, apunta a una posible relajación deliberada de los controles fronterizos por parte de Marruecos, al considerar que la pasividad de las autoridades marroquíes pudo facilitar la salida masiva hacia España como instrumento de presión política o diplomática, una estrategia que, asegura, ya se ha producido en anteriores ocasiones.
La magistrada ha dado traslado de la apertura de las diligencias a la Fiscalía, aunque deja pendiente resolver si la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar el caso. El auto se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite instruir diligencias previas cuando no están determinadas la naturaleza y las circunstancias de unos hechos ni las personas que pudieran resultar responsables.
El presidente y letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha valorado la resolución: «La Audiencia Nacional ha dado el primer paso. Ahora corresponde esclarecer quién organizó estos hechos, quién los facilitó y si España ha sido objeto de una actuación dirigida contra su integridad territorial, contra la seguridad de sus ciudadanos y contra la soberanía nacional». Pardo ha insistido en que la seguridad nacional está por encima de cualquier interés político y ha subrayado que Ceuta y Melilla no pueden quedar abandonadas porque son España. El procedimiento judicial deberá ahora determinar la naturaleza de los hechos, las circunstancias en que se produjeron y las posibles responsabilidades derivadas de la entrada masiva.