La Fiscalía General del Estado investiga la retirada de la asignación semanal de 17 euros que el Gobierno de Aragón concedía a los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela. El objetivo es aclarar si la decisión vulnera el interés superior del menor o si puede ser constitutiva de un delito de odio.

Dos fiscales especializados han incoado sendos expedientes gubernativos y trabajan de manera conjunta. Teresa Gisbert, fiscal de Sala de Menores, y Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala contra los Delitos de Odio, han reclamado a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia la instrucción que ordena retirar el dinero de bolsillo. También han pedido al Ejecutivo que confirme si la medida afecta únicamente a los menores extranjeros no acompañados y que justifique ese trato diferenciado. En función de la respuesta, estudiarán tanto una posible vía penal como un recurso contencioso-administrativo si consideran que la instrucción vulnera sus derechos.

La apertura del expediente coincide con un giro en la explicación dada por el Gobierno autonómico. La Consejería dirigida por Alejandro Nolasco sostiene ahora que la nueva instrucción se limita a los Centros de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (CAIIM) y a los Centros de Atención Temporal a la Infancia Migrante (CATIM) de Peralta de Alcofea, Torrero y Movera, recursos donde únicamente residen menores extranjeros. El cambio de criterio se justifica por motivos de seguridad.

El departamento asegura que recibe partes de incidencias de forma constante y que dispone de informes que reflejan un elevado número de «asaltos, reyertas, robos y actos de delincuencia» que ponen en riesgo a los trabajadores y a los propios menores, que, subraya, «también son víctimas de otros internos». Añade que la circulación de dinero en efectivo favorece robos, agresiones y extorsiones entre los residentes. La instrucción, insiste, «no responde a la nacionalidad» de los menores, sino a que esos tres centros concentran los mayores problemas de convivencia: «Se suprimen las pagas porque coincide que donde se encuentran estos menores se dan los mayores índices de delincuencia y violencia, no por el hecho de que sean extranjeros».

La Consejería recalca que la medida cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos y se inscribe en el endurecimiento del régimen interno de los centros incluido en el pacto de gobierno entre PP y Vox, por lo que anticipa nuevas actuaciones en la misma línea. El Ejecutivo añade que la decisión busca reforzar la guarda y custodia de los menores y cita la condena de la Audiencia Provincial al Gobierno de Aragón a indemnizar con cerca de 200.000 euros a una mujer de 94 años agredida por dos menores extranjeros tutelados, una sentencia que, a juicio del departamento, cuestionaba el funcionamiento del sistema de protección.

Esa explicación será uno de los puntos que examine la Fiscalía. Gisbert ha detallado que los requerimientos buscan conocer la instrucción, confirmar si la medida afecta solo a los menores extranjeros y exigir al Ejecutivo que justifique la diferencia de trato. La Unidad de Delitos de Odio estudia además si los hechos podrían constituir este delito. Si se concluye que la instrucción vulnera el interés superior del menor o supone una discriminación contraria a la ley, la Fiscalía podría recurrirla por la vía contencioso-administrativa.

El anuncio lo hizo el lunes el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien afirmó que la supresión de la paga permitiría ahorrar unos 180.000 euros al año, cantidad que se destinaría a financiar hasta siete plazas en residencias para personas mayores. En ese momento, fuentes del departamento señalaron que la decisión afectaría únicamente a los menores extranjeros no acompañados, sin precisar que se limitaría a los tres centros que ahora se citan.

La polémica ha abierto además varios frentes para el Ejecutivo y para el Partido Popular, socio de Vox en el Gobierno regional. La oposición reclama al PP que se pronuncie sobre la iniciativa. En los últimos días, el Ministerio de Juventud ha llevado el caso ante la Fiscalía, el Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, Amnistía Internacional ha pedido al presidente Jorge Azcón que revoque una medida que califica de «discriminatoria» y el PSOE ha solicitado comparecencias de Nolasco, de la gerente del IASS y del director general de Desregulación en las Cortes. Además, la orden y los conciertos vigentes incluyen expresamente el dinero de bolsillo entre las prestaciones financiadas.