La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un paso al frente en la polémica generada en torno a la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, conocida como «ley de nietos», y ha exigido que se justifique debidamente la provincia en la que se inscribe a cada nuevo nacionalizado a efectos electorales. El organismo, en un acuerdo adoptado este jueves, ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe detallado sobre la aplicación de esta normativa, así como la elaboración de una instrucción que precise los «criterios aplicables» para determinar el municipio de inscripción, con el objetivo de «garantizar la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral».

La decisión de la JEC responde a los escritos presentados por «diferentes formaciones políticas, personas y entidades», que alertan de un «incremento» en el número de extranjeros que han obtenido la nacionalidad española desde la aprobación de la ley en 2022. Estos escritos cuestionan la transparencia del procedimiento y advierten de la «repercusión» que este aumento de población podría tener en el censo electoral. Aunque la Junta Electoral recuerda que no es competente para pronunciarse sobre los procesos de nacionalidad, que corresponden al Tribunal Constitucional, sí ha entrado a valorar aspectos relacionados con el trámite de nacionalización que afectan directamente al censo.

La ley permite que el solicitante elija un municipio de inscripción en España a efectos electorales según una serie de criterios, como la última residencia, el arraigo propio o el de sus ascendientes. Sin embargo, la JEC considera que estos criterios son «abstractos» y podrían concretarse más. En su acuerdo, el organismo subraya que «la determinación del municipio de inscripción electoral constituye un elemento esencial para la correcta formación del Censo de Electores Residentes Ausentes, en la medida en que condiciona la circunscripción electoral a la que queda adscrito el elector». Por ello, defiende que los criterios aplicables deben ser «objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las Oficinas Consulares».

La JEC ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral que explique y detalle cómo se produce el momento en que un solicitante extranjero elige un municipio para obtener la nacionalidad: desde qué explicaciones da para justificar la elección de dicho territorio, si se comprueba que dice la verdad y quién se encarga de hacerlo, hasta cuáles son los criterios del Consulado para determinar el municipio de inscripción cuando no hay otra opción. Asimismo, pide que se elabore una instrucción en la que se precisen los criterios aplicables, especificando «la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción».

El organismo advierte de que la decisión de inscribir a un ciudadano beneficiario en un determinado municipio electoral deberá estar «suficientemente motivada en el expediente» si no corresponde como última residencia en España, de forma que puedan comprobarse los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral. Esta exigencia busca evitar posibles irregularidades y asegurar que el proceso sea uniforme en todas las oficinas consulares.

El Partido Popular, que ha sido uno de los actores más críticos con el proceso de nacionalización a través de la «ley de nietos», ha celebrado la decisión de la JEC. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, había acusado al jefe del Ejecutivo de «ingeniería electoral» y reclamado más transparencia y salvaguardas. Tras el pronunciamiento de la Junta, los populares consideran que se les da la razón y que se demuestra que tenían «razón al reclamar mayores garantías y extremar la vigilancia». La formación ha resaltado que el pronunciamiento acredita que existen dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral en el exterior, lo que consideran «una buena noticia» porque se trata de «un proceso que puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, a la composición del censo electoral en el exterior».

Tras la resolución, el principal partido de la oposición ha defendido que el Gobierno «ya no puede seguir ignorando las dudas existentes» y solicita que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo «sin que antes se hayan implantado plenamente los criterios y garantías exigidos por la Junta Electoral Central». El PP sigue centrando la atención en la instrucción dictada por la hermana del ministro Óscar Puente desde el Ministerio de Justicia, que, según insiste, «reinterpretó la ley» y amplió los supuestos iniciales. Por ello, los populares reiteran la «necesidad urgente de la revisión de oficio de la totalidad de dicha instrucción por su nulidad» y reclaman la publicación desglosada de las altas producidas por esta vía en el censo «como elemento indispensable de transparencia y control público».

El PP también ha lamentado que un asunto de esta importancia «nunca debió llegar a este punto», pero ahora «corresponde al Gobierno actuar con responsabilidad y devolver la confianza a todos los españoles, tanto a quienes residen en nuestro país como a quienes viven en el exterior». Así, instan al Ejecutivo a seguir el camino que ha marcado la JEC, reforzando las garantías y la transparencia en todo el proceso. La polémica en torno a la «ley de nietos» y su impacto en el censo electoral continúa abierta, mientras la JEC busca establecer criterios más claros y objetivos para evitar cualquier sombra de duda sobre la integridad del proceso electoral.