El Tribunal de Apelación de París ha dictado este martes una sentencia que marca un punto de inflexión en el panorama político francés: Marine Le Pen, presidenta del partido Agrupación Nacional, podrá concurrir a las próximas elecciones presidenciales tras ver rebajada su condena por malversación de fondos públicos. La corte le ha impuesto una pena de un año de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de localización y 45 meses de inhabilitación para ejercer cargo público, de los cuales 30 quedan en suspenso, lo que reduce la inhabilitación efectiva a 15 meses. Dado que Le Pen ya ha cumplido ese periodo desde la sentencia de primera instancia, la vía queda despejada para que la líder ultraderechista, de 57 años, pueda presentar su candidatura a la primera vuelta de los comicios, prevista para abril de 2027.
El caso se remonta a un sistema de empleos ficticios que, según la justicia, operó entre 2004 y 2016. La acusación sostiene que Le Pen y otros miembros de su partido utilizaron fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios de eurodiputados para pagar a empleados que trabajaban exclusivamente para la formación política en Francia. El tribunal de apelación consideró probada «la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado», con Marine Le Pen «en el centro» como última responsable del partido desde que asumió su liderazgo en 2011. La cantidad malversada asciende a 2,9 millones de euros durante más de once años.
En el juicio de apelación se sentaron trece acusados: Marine Le Pen, otras once personas físicas y el partido Agrupación Nacional como persona jurídica. Se trata de aproximadamente la mitad de los veinticinco condenados en primera instancia, ya que solo ellos recurrieron la sentencia. La Fiscalía había solicitado mantener la declaración de culpabilidad y cinco años de inhabilitación, pero el tribunal optó por una rebaja significativa. En primera instancia, el Tribunal Correccional de París había condenado a Le Pen el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de cárcel —dos de ellos firmes, que podría cumplir con pulsera electrónica—, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.
La decisión del tribunal de apelación ha reducido la pena de prisión a tres años, dos de ellos en libertad condicional, y ha rebajado la inhabilitación a 45 meses, con 30 meses en suspenso. Esto significa que Le Pen deberá cumplir un año de prisión firme con brazalete electrónico, una condición que ella misma había calificado como un obstáculo para una campaña presidencial. «Cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento», afirmó recientemente la dirigente. No obstante, la rebaja judicial le permite ahora sortear ese escollo y centrarse en su eventual candidatura.
La líder ultraderechista, que ha sido invitada al telediario nocturno de la cadena TF1, se espera que anuncie en las próximas horas su decisión sobre si seguir adelante con la carrera presidencial. La sentencia de apelación no solo afecta a Le Pen, sino que también ha reducido las penas de prisión e inhabilitación para la mayoría de los otros condenados que recurrieron. El partido Agrupación Nacional, como persona jurídica, también ha visto modificada su situación legal.
El caso ha tenido un profundo impacto en la política francesa, ya que la posible inhabilitación de Le Pen amenazaba con descabezar a la principal fuerza de la oposición de extrema derecha antes de las elecciones de 2027. Con esta resolución, el panorama electoral se reconfigura: Le Pen, que ya fue finalista en las presidenciales de 2017 y 2022, podrá competir nuevamente por el Elíseo. La sentencia, sin embargo, deja abierta la posibilidad de un nuevo recurso ante el Tribunal de Casación, aunque fuentes jurídicas señalan que los plazos procesales podrían no interferir con el calendario electoral.
La malversación de fondos públicos es un delito grave en Francia, y la condena de Le Pen ha sido seguida de cerca por la opinión pública y la comunidad internacional. La justicia francesa ha establecido que el sistema de empleos ficticios no solo defraudó al Parlamento Europeo, sino que también distorsionó la competencia política al financiar actividades del partido con dinero público. A pesar de la rebaja, la condena firme por malversación podría tener consecuencias en la imagen de Le Pen de cara a la campaña, aunque sus seguidores ya han comenzado a celebrar la decisión como una victoria judicial que permite a su líder seguir en la contienda.