Las acusaciones populares que han mantenido vivo el caso contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, han anunciado que recurrirán la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz. Su objetivo principal es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura reconozca también los delitos de tráfico de influencias y malversación, y que se obligue a David Sánchez a devolver el dinero cobrado durante los ocho años en los que ocupó una plaza en la Diputación de Badajoz. La sentencia actual lo condena a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa, pero las acusaciones consideran que el fallo es insuficiente.

Fuentes de la acusación han explicado que, aunque aplauden que se haya reconocido la prevaricación, confían en que el TSJ endurezca esa condena en lugar de dejarla como está o rebajarla, como piden las defensas. Las acusaciones han avanzado que van a luchar para que se recupere el dinero, argumentando que no puede convertirse este caso en una vía para que, en supuestos similares, otros «enchufados» se libren sin consecuencias económicas. Su argumento es contundente: «Hacienda somos todos», y por tanto entienden que sí existe legitimación suficiente para recurrir.

La abogada del sindicato Manos Limpias, una de las siete acusaciones populares que ha mantenido viva la causa ante la ausencia de la Fiscalía, prepara ya un escrito de aclaración sobre este asunto concreto. A posteriori, contemplan también acudir al Tribunal de Cuentas, aunque reconocen que es «un organismo que va desesperadamente lento y está politizado». La sentencia, de 377 páginas, ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz y condena a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial.

El tribunal ha explicado que la devolución de los 340.572 euros cobrados entre julio de 2017 y mayo de 2025 solo podría haberla reclamado el Ministerio Fiscal «si hubiera formulado acusación», algo que nunca ha ocurrido, puesto que la Fiscalía ha solicitado desde el inicio el sobreseimiento de la causa. La condena ha recaído también sobre el expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, condenado por dos delitos de prevaricación a otras tantas penas de nueve años de inhabilitación, 18 en total. Esto supone el fin de su carrera política y le obligará a trabajar en la empresa privada; entre 1999 y 2003, se desempeñó como operario de producción en la empresa extremeña Inpralsa.

La Audiencia ha zanjado con rotundidad la vía penal para reclamar ese dinero. La sentencia señala que «no cabe entrar en el análisis de la responsabilidad civil derivada del delito por carecer de legitimación para plantear tal pretensión la acusación popular». Y añade: «Tal acusación se ejerce por quienes carecen de la condición de perjudicados». Durante la instrucción, a cargo de la magistrada Beatriz Biedma, y a lo largo del juicio oral, han declarado una veintena de testigos, entre responsables administrativos de la Diputación de Badajoz y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El fallo deja en manos de la propia Diputación —como entidad pagadora— o del Tribunal de Cuentas la decisión de reclamar por vía administrativa o contable las cantidades abonadas. En todo caso, antes, en el plazo de 10 días, llegará el recurso ante el TSJ que, confían las fuentes consultadas, resuelva antes de verano de 2027. Varios condenados tienen cargos públicos que deben dejar por la inhabilitación, pero la Diputación de Badajoz podría no colaborar con la Justicia y permitir que sigan estos cargos condenados por prevaricación hasta que resuelva el TSJ o, incluso, el Tribunal Supremo, lo que ocurriría no antes de finales de 2027 o principios de 2028.

Las acusaciones subrayan que los testigos del juicio, trabajadores de la Diputación, han quedado en completa evidencia. «Los testigos, la mayoría altos cargos de una estructura pequeña, piramidal y fuertemente jerarquizada, difícilmente van a pronunciarse con los necesarios requisitos de credibilidad y verosimilitud, habida cuenta de que sus declaraciones suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad», dice la Audiencia. Por ejemplo, Ángel Seco encadenó entre 2000 y 2006 varios contratos temporales con distintas estructuras de UGT; José Luis Albarrán aparece en un acta de noviembre de 2024 ejerciendo activamente su rol de delegado sindical de CCOO en una negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Badajoz; y otros testigos presentan vínculos familiares o de afinidad política.

Con recursos por ambos lados ya anunciados, el marcador de este proceso judicial vuelve a ponerse a cero. La defensa peleará por revertir la inhabilitación; las acusaciones, por sumar los delitos que consideran injustamente descartados y por recuperar un dinero que, insisten, pertenece a todos los contribuyentes. Entre despachos, plazos y un Tribunal de Cuentas que avanza a paso de tortuga, el caso del hermano del presidente promete alargarse mucho más allá del pitido final de esta primera sentencia.