El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una defensa cerrada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en una causa por presunto fraude fiscal, a pesar de que fuentes de Moncloa admiten que la estrategia entraña «riesgos» y que «puede salir mal». La declaración de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero e investigado como su presunto testaferro, ha añadido nuevos elementos que complican el blindaje ordenado por el presidente del Gobierno.
Según el testimonio de Martínez ante el juez, Zapatero realizó gestiones ante el Ejecutivo para facilitar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una operación que fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2020. El presunto testaferro aseguró que ambos conocieron que la ayuda saldría adelante antes de que recibiera el visto bueno oficial, lo que introduce dos aspectos especialmente delicados para Moncloa: el papel que el expresidente pudo desempeñar ante el Gobierno y el acceso anticipado a una decisión aún no formalizada.
En Moncloa niegan que hubiera «presiones» para conceder el rescate o actuaciones al margen de los «cauces regulares», pero ya no descartan que alguien del Ejecutivo pudiera anticipar a Zapatero información sobre la operación. El Ejecutivo trata así de preservar su respaldo político sin hacerlo extensivo a lo que pudo suceder sin autorización dentro del Gobierno. Aseguran que la ayuda se tramitó conforme a la normativa, aunque evitan garantizar que no se produjeran contactos improcedentes o una fuga de información.
La defensa de Zapatero comenzó en el mismo momento de su imputación, cuando Sánchez ordenó cerrar filas con él incluso antes de conocer los argumentos del juez. Desde entonces, el Gobierno y el conjunto del PSOE se han volcado en proclamar públicamente la inocencia del expresidente, sin que hasta ahora hayan aportado pruebas concretas que despejen las sospechas. Dos meses después de la imputación, la posición no ha variado, pese a que los interrogantes no dejan de acumularse.
Uno de los aspectos que más atención ha generado es el origen de las joyas localizadas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, en una causa en la que el propio Estado se ha personado como posible perjudicado por el presunto fraude fiscal investigado. La paradoja no altera, sin embargo, la posición de Sánchez. En Moncloa sostienen que el presidente, pese a hablar regularmente con Zapatero, ni siquiera le ha pedido explicaciones sobre este asunto.
El respaldo se mantiene también después de que Martínez declarase que el expresidente conocía de antemano el desenlace del rescate precisamente porque había realizado gestiones ante el Gobierno para facilitar la operación. Pese a ello, en Moncloa niegan la mayor y rechazan cualquier «intermediación» de Zapatero con el Gobierno para conceder dicha ayuda. Alegan que no tenía sentido mediar para conseguir un trato de favor porque la ayuda cumplía los requisitos legales.
Sí reconocen que la tramitación requirió interlocución con las partes implicadas, pero aseguran que todos esos contactos discurrieron por las vías establecidas. Tratan así de acotar las sospechas sobre una interlocución del Gobierno con Zapatero sobre el rescate de Plus Ultra a una eventual filtración. En todo caso, fuentes gubernamentales admiten que la situación es «difícil», pero aseguran haber elegido creer al expresidente frente a las demás versiones. «Es la opción más honrada», sostienen, enmarcando su respaldo en la presunción de inocencia y no en la existencia de pruebas o información concluyente que avalen su relato.
De hecho, niegan conocer más detalles que los aportados por el propio Zapatero, cuyas explicaciones no parecen haber despejado, por ahora, las sospechas del juez Calama. La estrategia de defensa a ciegas ordenada por Sánchez se enfrenta así a un escenario judicial cada vez más complejo, con nuevos testimonios que comprometen la versión del expresidente y con el Gobierno tratando de mantener un cortafuegos que se desplaza a medida que aparecen nuevas revelaciones.