El Gobierno de Pedro Sánchez ha estallado contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que ratifica el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Fuentes de La Moncloa han asegurado este jueves que se trata de «una causa política» y han defendido la inocencia de Gómez, insistiendo en que el procedimiento tiene su origen en «una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente».

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra la mujer del líder socialista, aunque ha retirado dos de los cinco delitos que inicialmente se le imputaban: corrupción en los negocios y apropiación indebida. De este modo, Gómez afrontará el juicio únicamente por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Además, el tribunal ha apartado de la causa al empresario Juan Carlos Barrabés y ha limitado la imputación a la propia Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez. Como consecuencia, se han retirado las medidas cautelares personales que pesaban sobre ambas investigadas, incluida la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Desde el PSOE, con sede en la calle Ferraz de Madrid, han secundado la postura de Moncloa y han señalado que en la causa hay «mucho ruido, pocas pruebas». Fuentes socialistas han subrayado que «el relato se sigue desmoronando» después de que los delitos hayan pasado de cinco a dos, y han recordado que «han caído acusaciones que durante meses ocuparon portadas, también la retirada del pasaporte, y la propia Fiscalía sigue solicitando la absolución». Los socialistas también han destacado que Begoña Gómez «ha dado la cara» y ha acudido a todas las citaciones judiciales, rechazando que existiera «el menor riesgo de fuga» y calificando la retirada del pasaporte como «una medida desproporcionada que hoy ha quedado sin efecto».

El auto de la Audiencia detalla los indicios recabados por el instructor, el juez Juan Carlos Peinado. En relación con el delito de tráfico de influencias, el tribunal sostiene que resulta «perfectamente verosímil» que la investigada «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno» para conseguir la creación de una cátedra y su nombramiento como directora. En cuanto a la malversación, el auto especifica que la empresa Indra aportó 128.442 euros, Telefónica 50.000 euros y Google 110.000 euros, a lo que se suma un gasto asumido por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de 108.765,79 euros. La Sala considera indiciariamente acreditado que Begoña Gómez transfirió el software desarrollado en el marco universitario a una sociedad propia, Transforma TSC S.L., constituida el 21 de noviembre de 2023.

El Ejecutivo ha vuelto a presentar el caso como parte de una ofensiva judicial contra Sánchez, un discurso que se ha endurecido en los últimos meses ante las resoluciones que afectan tanto a Gómez como al hermano del presidente, David Sánchez. Desde Ferraz han mostrado su indignación por la coincidencia de esta resolución con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía aprobada por el Gobierno para lograr los siete votos de Junts en la investidura de Sánchez. «Cada uno sacará sus conclusiones», han indicado fuentes socialistas, sugiriendo que el momento de la decisión no es casual.

La confirmación del juicio por parte de la Audiencia de Madrid supone un nuevo capítulo en el caso que ha generado un intenso debate político y judicial en España. Mientras el Gobierno y el PSOE insisten en la falta de pruebas y en la motivación política, el tribunal ha considerado que existen indicios suficientes para que un jurado popular determine la responsabilidad de Begoña Gómez en los delitos de tráfico de influencias y malversación. La defensa de la investigada, por su parte, ha reiterado su confianza en la justicia y ha anunciado que recurrirá la decisión.