La condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y la decisión de la Audiencia de Madrid de que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular han devuelto a Moncloa a un terreno político que considera favorable: el de denunciar el denominado lawfare y las causas políticas contra el jefe del Ejecutivo. Ambas resoluciones, conocidas en apenas unos días, han permitido al Partido Socialista reactivar un relato que viene utilizando desde hace meses y presentar estos procedimientos no como episodios aislados, sino como parte de una estrategia más amplia de persecución contra el presidente.
Desde el Gobierno se cuestiona que el hermano del presidente haya sido condenado «sin pruebas» y se sostiene que la investigación contra su esposa constituye «una cacería» que continúa avanzando pese a que, a juicio del Ejecutivo, la instrucción no ha acreditado ningún delito. Con este argumentario, Moncloa trata de desplazar el debate desde la situación procesal de ambos familiares hasta la motivación política que atribuye a las causas: Sánchez no sería únicamente el familiar de los investigados, sino el verdadero destinatario de un cerco judicial orientado a desgastarle y a forzar por otras vías lo que la oposición no ha conseguido en las urnas.
El movimiento no se explica solo por la necesidad de contener el impacto inmediato de las decisiones judiciales. En el Gobierno asumen desde hace tiempo que la legislatura ha entrado en una fase de lógica electoral en la que Sánchez está dispuesto a resistir hasta agotar todas sus opciones. En ese contexto, ya empiezan a ordenar el relato con el que pretende llegar a las próximas elecciones generales: frente a una oposición que sitúa la corrupción y las investigaciones judiciales en el centro de su ofensiva, el PSOE buscará contrarrestarlo mediante la denuncia de una persecución política, mediática y judicial contra el presidente que también puede movilizar a su electorado.
El cerco judicial se estrecha alrededor de Sánchez no solo por las causas que afectan a quienes han formado parte de su entorno político, como el exministro José Luis Ábalos, su ex secretario de Organización Santos Cerdán o su exjefe de gabinete Juanma Serrano, sino porque alcanza ya directamente a su esposa y a su hermano. El presidente no está formalmente investigado, pero Moncloa interpreta que cada procedimiento que avanza contra su familia termina apuntándole políticamente a él en plena precampaña de las elecciones de 2027. Precisamente por eso, la teoría del lawfare ofrece al Gobierno una respuesta capaz de unir todas esas causas bajo un mismo paraguas y convertirlo en un elemento de movilización.
Las encuestas más recientes apuntan que la mayoría de los votantes del PSOE duda de la imparcialidad de la Justicia cuando investiga a partidos políticos y muestra un claro escepticismo ante algunas de las causas que afectan al entorno de Sánchez. En este sentido, el Gobierno utiliza las últimas resoluciones para reforzar la idea de que existe una ofensiva coordinada contra Sánchez y trasladar a su electorado que lo que está en juego no es únicamente el futuro del presidente, sino la continuidad del proyecto progresista frente a poderes que tratan de derribarlo. Las decisiones sobre David Sánchez y Begoña Gómez han dado así a Moncloa nueva munición para una batalla política que ya mira menos a los juzgados que a las urnas.
El Gobierno está extendiendo esa misma lógica a la batalla judicial sobre la amnistía. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida el jueves ha permitido a Moncloa reivindicar la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario y contraponer el aval europeo a las resistencias que la ley ha encontrado en una parte de los tribunales españoles. El Ejecutivo ha presentado la resolución como el cierre de un debate que, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en España no siempre fue jurídico, sino «visceral».
El Gobierno sostiene que, tras los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que avaló la norma, y del TJUE, ha quedado despejado el camino para la plena aplicación de la amnistía y reclama ahora que los tribunales la ejecuten también respecto a los dirigentes del procés que todavía no se han beneficiado de ella. El ministro Óscar Puente incluso ha instado a Carles Puigdemont a «plantar cara de una vez» y regresar a España a pesar de la orden de detención que pesa sobre él desde 2017.
En Moncloa no esperan un deshielo con Junts, sino que se están valiendo del fallo europeo para azuzar la tesis de que parte de la ofensiva contra Sánchez se ha revestido de decisiones judiciales que luego no han resistido el examen de otras instancias, en el caso de la amnistía, del TJUE. Frente a quienes denunciaron que la medida de gracia quebraba el Estado de derecho o chocaba con los valores europeos, Moncloa reivindica ahora que la controversia estuvo alimentada desde el inicio por una oposición política trasladada a los tribunales. La amnistía se convierte así en una suerte de precedente con el que el Gobierno pretende validar su discurso más amplio sobre el lawfare.
Con el caso de su esposa y la condena de su hermano, junto con la amnistía respaldada por la Justicia europea, Sánchez encuentra una misma línea con la que ordenar dos realidades diferentes: denunciar una persecución judicial cuando los tribunales españoles actúan contra su entorno y reivindicar el respaldo de las instancias europeas cuando estas le dan la razón. Este doble movimiento busca reforzar la narrativa de que el presidente es víctima de una ofensiva política disfrazada de acciones judiciales, en un momento en que la precampaña electoral se perfila como un campo de batalla donde la justicia y la política se entrelazan cada vez más.