El juez Juan Carlos Peinado ha remitido a la Fiscalía Europea la pieza separada por las presuntas irregularidades en el contrato 044 de, adjudicado a la UTE formada por Innova Next —del grupo del empresario Juan Carlos Barrabés— y KPMG. La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid apartara al magistrado del juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque la investigación contra el empresario continúa su curso en otro frente.

El contrato, denominado «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento», tenía un presupuesto de 4.053.500 euros y estaba financiado con fondos europeos. La instrucción del caso, que investiga los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida, ha pasado ya por varias fases procesales que han alterado la competencia del tribunal encargado de la causa.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el expediente presenta un patrón de manipulación que ya habría quedado acreditado en otros dos contratos de por un importe superior a ocho millones de euros. En el caso del contrato 044, la UTE adjudicataria no presentó el «libro blanco», un documento exigido en los pliegos dentro del criterio 3, que tenía un peso del 60% sobre los criterios sujetos a juicio de valor. Un evaluador del Área de Transformación Digital detectó la ausencia y propuso ocultarla por escrito: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal».

El contraste con las demás ofertas resulta llamativo. IDC Research España recibió dos puntos en ese criterio por considerar su propuesta «muy pobre, incompleta e insuficiente», mientras que la UTE Mainjobs-Fidesol obtuvo tres puntos. La UTE Barrabés-KPMG, pese a no haber aportado el documento, logró la mejor calificación: 8,5 puntos.

En los expedientes 014 y 016, adjudicados a la UTE compuesta por Innova Next y The Valley Business School, la UCO sostiene que se repitió la misma dinámica. El director de Economía Digital de, Luis Prieto, firmó los informes de valoración y los correos internos extraídos de las cuentas de trece empleados revelan que las notas se fijaban de antemano. Una evaluadora escribió a una compañera en enero de 2021: «Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí».

La empresa más afectada fue Everis, que había quedado segunda en las valoraciones. Después de una reunión celebrada el 15 de marzo de 2021, Luis Prieto habría intervenido personalmente para rebajar su puntuación. Las instrucciones quedaron por escrito: un empleado trasladó a una subalterna que «el informe lo firma Luis, si ha pedido que se baje a 7 hay que bajarlo». El malestar entre las evaluadoras también quedó reflejado en los mensajes: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los superjefazos señalen con sus dedazos».

El recorrido judicial ha sido complejo. La Fiscalía Europea acordó en abril de 2026 asumir el expediente 044 al considerar que la financiación FEDER lo situaba dentro de su competencia. Sin embargo, la defensa de Barrabés recurrió y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional estimó el recurso. La Fiscalía Europea acató la resolución y remitió el material al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde Peinado instruye el procedimiento.

Ahora, después de que la Audiencia Provincial apartara a Peinado del juicio con jurado contra Begoña Gómez, el magistrado ha decidido archivar esta pieza «sin más trámite» y devolverla a la Fiscalía Europea, que ya investiga los otros dos contratos. La nueva investigación abierta el pasado junio dentro del caso contra la esposa del presidente del Gobierno se dirigirá únicamente contra Barrabés, según confirmó el juez al aceptar la petición del órgano comunitario.

, por su parte, ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid en el que niega parte de las acusaciones. La entidad alega que el contrato 044 no fue financiado finalmente con fondos europeos, que Begoña Gómez no firmó la carta de apoyo para este expediente y que el libro blanco no era un requisito previo para participar en el concurso, sino un documento que debía entregarse durante la ejecución del contrato.

El caso mantiene abiertos varios frentes judiciales. Begoña Gómez afrontará un juicio con jurado popular tras la decisión de la Audiencia Provincial, mientras que la investigación sobre los contratos de y la relación empresarial con Barrabés continúa repartida entre la Fiscalía Europea y los juzgados de Madrid. La resolución de estos procedimientos determinará si existió un trato de favor hacia el empresario en la adjudicación de contratos financiados con dinero público.