Se cumplen dos años desde que la dirección nacional de Vox decidió romper los gobiernos autonómicos que compartía en coalición con el Partido Popular. Aquel movimiento supuso un terremoto político que dejó a varias comunidades sin ejecutivos estables. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la relación entre ambas formaciones es una montaña rusa: tras el divorcio, los ataques mutuos se han ido reduciendo, y el mandato de las urnas las ha obligado a reencontrarse como socios de gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, utilizó durante la campaña electoral la palabra «lío» para referirse a la complejidad de legislar con un socio, pero perdió la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Vox un acuerdo que marca el mínimo de cesión autonómica. Superados los procesos electorales, la prioridad ahora es la gestión y demostrar las políticas que ambas fuerzas quieren ejecutar si consiguen compartir Consejo de Ministros. A pesar de la tregua política, cada partido busca marcar su perfil propio.
El propio Moreno defendió que el PP andaluz mantiene su identidad a pesar de haber incorporado exigencias de Vox al pacto. Su vicepresidente, Manuel Gavira, resumió la idea en un eslogan: «Dos partidos diferentes, un objetivo común». Incluso en la interpretación de la expresión «prioridad nacional», que aparece en los documentos de gobierno, cada formación hace su lectura: para Vox supone dar preferencia a los españoles en la concesión de ayudas públicas, mientras que para el PP el requisito es el arraigo. Alberto Núñez Feijóo subrayó esta semana que «lo importante es lo que pone en los papeles, no lo que dice la gente que es».
En Vox tienen muy presente el carpetazo dado hace dos años a sus alianzas con el PP. Creen que fue un gesto de «valentía» que sus votantes han premiado en las urnas, otorgándoles un respaldo mayor en el último ciclo electoral. Insisten en que no dudarán en repetir la misma maniobra si se incumple lo pactado en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. No obstante, Santiago Abascal reconocía esta semana que no es un escenario que quieran repetir y defendía que su formación «sabe entrar en los gobiernos para gestionar».
Esa gestión es la que reclama también el PP, pues es lo que lleva al premio o al desgaste de los partidos y lo que puede provocar un eventual cambio de Gobierno. Génova considera que es mejor tener al socio dentro que fuera, para compartir la erosión y para diferenciarse en función del electorado de cada uno. «Es un momento decisivo y tenemos una responsabilidad mayor por encima de la ideología», sostienen fuentes populares. Así, la única alternativa a Pedro Sánchez es la unión de «todos» los que creen en «otra forma de hacer política». Recuerdan en la sede del PP que «a José María Aznar le votó mucha gente que no había votado al PP nunca porque quería un cambio», y esperan que la situación se repita en las próximas elecciones generales.
Los gobiernos autonómicos también sirven de ensayo para demostrar la gestión de cara a los próximos comicios. El portavoz popular, Borja Sémper, defendió el lunes que los acuerdos «ofrecen estabilidad, progreso y avances sociales», y que se podrá evidenciar en plena carrera electoral hacia la Moncloa cuando se pueda «hacer un balance razonable de que las condiciones de los ciudadanos han mejorado».
Por su parte, Vox ve las coaliciones autonómicas como una oportunidad para probar su capacidad de gestión y saca pecho de las primeras medidas adoptadas desde sus nuevos negociados. En Aragón, por ejemplo, celebran haber aprobado una ayuda de hasta 9.859 euros mensuales para enfermos de ELA, cofinanciada por la comunidad autónoma y el Estado. El siguiente paso marcado por el vicepresidente Alejandro Nolasco es reformar la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital para «endurecer el acceso» mediante criterios de «arraigo real, duradero y verificable».
Los de Abascal se felicitan también de que sus consejeros de Aragón, Extremadura y Castilla y León plantaran al Gobierno en la Comisión Sectorial de Infancia organizada a principios de julio para tratar la distribución territorial de 35 millones de euros para el sostenimiento de los sistemas de acogida de menores extranjeros no acompañados. Rechazan esa medida por considerar que «contribuye a fomentar el efecto llamada, el tráfico de personas y la saturación de los servicios públicos». Es una de las banderas que agitan, conscientes de que cala en su electorado. De hecho, Abascal marcó el ritmo en materia de inmigración cuando anunció la ruptura de los pactos en cinco comunidades por el desacuerdo en el reparto de menores no acompañados. «Nadie vota a su partido ni al PP» para que «continúe la invasión de inmigración ilegal», aseguró.
La relación entre PP y Vox sigue siendo compleja, pero ambos partidos han entendido que la única vía para gobernar es la cooperación. Mientras tanto, cada uno intenta preservar su identidad y su electorado, conscientes de que el éxito o el fracaso de estos gobiernos autonómicos marcará el futuro político de España.