Tardón da tres días a la Policía para entregar las alertas sobre la avalancha de Ceuta
Por Hugo Gallego · 4 min
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha concedido a la Policía Nacional un plazo improrrogable de tres días hábiles para remitir todas las alertas, informes y comunicados internos generados entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026 sobre el riesgo de entrada masiva de personas en Ceuta, que acabó produciéndose los días 30 y 31 de julio.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha concedido a la Policía Nacional un plazo «improrrogable» de tres días hábiles para que entregue todas las alertas, informes y avisos internos que se generaron sobre el peligro de una entrada masiva de personas en Ceuta, un riesgo que finalmente se materializó los pasados 30 y 31 de julio. La instructora reclama documentación operativa generada entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026, un periodo que abarca los diez días anteriores a la avalancha y la semana posterior.
En una providencia a la que ha tenido acceso Servimedia, la magistrada requiere al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que aporte esa documentación «a la mayor urgencia» y, en todo caso, dentro de un plazo «improrrogable» de tres días hábiles. Contra la resolución cabe recurso de reforma en tres días. La jueza exige que se identifiquen «los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a las mismas», es decir, quién recibió cada aviso, cuándo y qué se hizo con él.
Este requerimiento se produce después de que la instructora dictara un auto el pasado 16 de septiembre, en el que extendía esta petición de datos a otras unidades policiales, a varios servicios de la Benemérita, a la Delegación del Gobierno en la ciudad y al Ministerio del Interior. Ahora lo reitera únicamente al centro de comunicaciones policial, con carácter urgente y con un plazo cerrado. En aquel auto, la jueza consideraba esta diligencia de «particular relevancia», porque su finalidad es «reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado». La petición había sido formulada por la Fiscalía y la magistrada la asumió por entero.
La causa indaga la entrada irregular desde Marruecos de miles de personas, en una movilización que el auto de septiembre cifraba «de entre 75.000 y 85.000 personas». La magistrada resaltaba también «la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos». La instructora considera clave conocer «la información de que se disponía antes de los acontecimientos, las previsiones existentes» y las circunstancias que determinaron «el colapso operativo descrito en las actuaciones».
Por ese motivo calificó de testigos «prioritarios» al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas, al responsable de la Policía Local en aquellos días y a quien entonces dirigía el Gabinete del delegado del Gobierno. Aquella resolución pedía asimismo avisos y estudios de riesgo a otras unidades de información y fronteras. Al director del CETI, el centro que acoge temporalmente a inmigrantes en la ciudad, le reclamaba los mensajes que hubiera enviado o recibido sobre la entrada masiva y quiénes fueron sus destinatarios.
Antes, el 11 de septiembre, Tardón había remitido al juzgado de instrucción número 6 de Ceuta su auto de asunción de competencia para que valorase inhibirse en favor de la Audiencia Nacional en el procedimiento que tramita por una denuncia contra el delegado del Gobierno. Busca así concentrar en una sola causa toda la investigación sobre la avalancha. La magistrada también ha solicitado a la Guardia Civil datos sobre los fallecidos y rescatados en aguas españolas, y ha preguntado al Instituto Armado si recibió algún aviso previo a la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.
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