El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por no firmar la Ley ROAD to Housing, un proyecto de vivienda aprobado por amplias mayorías en el Congreso, y ha permitido que entre en vigor sin su rúbrica como una «señal de protesta» por la falta de apoyo del Senado a su reforma electoral Save America. La decisión, anunciada este viernes a través de su red Truth Social, marca un nuevo episodio de tensión entre la Casa Blanca y el Capitolio, en un contexto de creciente polarización política.

Trump disponía de un plazo de diez días para firmar la ley, ejercer su veto o dejar que la medida se convirtiera en ley sin su aprobación expresa. Al expirar el plazo, la legislación ha entrado en vigor automáticamente, pero el presidente ha querido dejar constancia de su descontento. «No firmaré el proyecto de ley de vivienda, que ha sido aprobado en su totalidad por el Congreso y remitido a la Casa Blanca, en SEÑAL DE PROTESTA por el hecho de que el Senado de los Estados Unidos no sea capaz de aprobar la ley 'SAVE AMERICA'», escribió Trump en su mensaje, en el que también calificó de «locura» y «grave amenaza» la falta de avance de su iniciativa electoral.

La Ley ROAD to Housing tiene como objetivo reducir el coste de la vivienda e impulsar la construcción de nuevas casas en todo el país. Se trata de la iniciativa federal de mayor alcance en décadas para abordar los problemas de accesibilidad a la vivienda en Estados Unidos, donde las normativas estatales y locales han dificultado la construcción en comunidades que son, al mismo tiempo, focos de crecimiento económico y empleo. Los economistas de la Casa Blanca estimaron a principios de este año una escasez nacional de 10 millones de viviendas, y este proyecto de ley podría ayudar a cubrir una parte significativa de esa carencia.

El proyecto fue aprobado en el Senado por 85 votos a favor y solo 5 en contra, y en la Cámara de Representantes por 358 votos a favor y 32 en contra, lo que refleja un amplio respaldo bipartidista. La legislación busca reducir la normativa federal en materia de vivienda, simplificar los estudios de impacto ambiental, agilizar la construcción de nuevas viviendas y limitar la capacidad de las empresas para adquirir viviendas unifamiliares. Sin embargo, el proyecto de ley no aborda todas las causas de los problemas de vivienda del país, como la escasez de trabajadores de la construcción, el aumento de los costes de los seguros o el hecho de que los salarios no hayan subido lo suficientemente rápido para inquilinos y compradores.

El mercado inmobiliario estadounidense ha sido uno de los factores que han contribuido a los recientes problemas de accesibilidad. El vertiginoso aumento de los precios ha mantenido a muchos posibles compradores fuera del mercado. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó el jueves que el precio medio de venta de una vivienda aumentó un 1,8% en junio con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 440.600 dólares, un máximo histórico desde que se tienen registros en 1999.

La decisión de Trump de no firmar la ley contradice las afirmaciones de su propio Gobierno de que considera prioritario combatir la inflación y mejorar el acceso a la vivienda. En su mensaje, el presidente también instó a los republicanos a eliminar el obstruccionismo en el Senado, que exige un umbral de 60 votos para aprobar muchas leyes, y a aprobar la ley Save America por mayoría simple. «Eliminad el obstruccionismo y aprobad este y todos los demás proyectos de ley con los que los verdaderos republicanos siempre han soñado», escribió Trump, advirtiendo de que los demócratas acabarán con esa práctica si llegan al poder.

Paralelamente, Trump ha intensificado su ofensiva contra la Comisión de Asistencia Electoral, un organismo federal que distribuye subvenciones a los estados, supervisa las pruebas de los sistemas de votación y gestiona los formularios nacionales de inscripción de votantes. El presidente ha destituido a los dos miembros demócratas de la comisión, Thomas Hicks y Benjamin Hovland, mientras que la integrante republicana, Christy McCormick, ha dimitido. El excomisionado republicano Donald Palmer ya había abandonado su cargo voluntariamente a principios de este año.

La Casa Blanca justificó estas destituciones en un comunicado en el que afirmó que «el presidente, en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo, se reserva el derecho a destituir a aquellas personas que puedan no estar totalmente alineadas con la importante tarea de garantizar la seguridad de las elecciones en Estados Unidos y asegurar que se cuente cada voto válido». La medida se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que otorgó al presidente nuevas competencias para destituir a miembros de los consejos de organismos independientes. La comisión se había negado previamente a modificar los formularios de inscripción de votantes para exigir la acreditación de ciudadanía, como pretendía la ley Save America.

Esta purga en la comisión electoral representa la última medida de Trump para ampliar la influencia de la Casa Blanca sobre la forma en que se celebran las elecciones en el país, en un contexto de creciente controversia sobre la seguridad electoral y el acceso al voto. La combinación de la protesta por la ley de vivienda y la destitución de los comisionados electorales subraya la determinación del presidente de avanzar en su agenda política, incluso a costa de enfrentarse a su propio partido y a las instituciones independientes.