Un proyecto federal obliga a las grandes plataformas a explicar cómo tratan el antisemitismo
Por Carlos Benítez · 5 min
La Jewish American Security Act combina seguridad física para comunidades judías con una nueva capa de transparencia sobre moderación y algoritmos en grandes servicios digitales.
La Jewish American Security Act no se queda en la puerta de la sinagoga. El proyecto de ley bipartidista que circula por el Congreso de Estados Unidos conecta la seguridad física de las comunidades judías con una pregunta propia de la vida digital: ¿qué hacen realmente las grandes plataformas cuando el antisemitismo circula y los algoritmos pueden amplificarlo?
La senadora demócrata Jacky Rosen presentó S.4576 el 19 de mayo de 2026 con copatrocinadores de ambos partidos, entre ellos el republicano James Lankford. En la Cámara de Representantes, el demócrata Daniel Goldman presentó H.R.9211 el 9 de junio junto a un grupo también bipartidista.
El objetivo declarado es combatir el antisemitismo y proteger a la comunidad judía. Para hacerlo, el texto mezcla políticas que normalmente se discuten por separado: subvenciones para seguridad, coordinación policial, análisis de amenazas, normas educativas y transparencia de plataformas.
El capítulo digital alcanzaría a servicios con al menos 50 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos. Cada 180 días tendrían que publicar un informe y enviarlo a la Federal Trade Commission. Deberían explicar cómo detectan contenido antisemita, cuánto depende de revisión humana o automatizada, qué medidas toman y cómo gestionan la amplificación algorítmica.
La propuesta no convierte al Gobierno en moderador de cada publicación. Crea una obligación de transparencia para que plataformas con enorme capacidad de distribución expongan sus procesos y sus resultados de forma recurrente.
Fuera de internet, la pieza central de recursos es el Nonprofit Security Grant Program. El proyecto autorizaría 1.000 millones de dólares por año fiscal entre 2027 y 2031 para sus componentes urbano y estatal. Instituciones sin ánimo de lucro elegibles pueden usar ese programa para reforzar su seguridad frente a amenazas.
Pero la cifra no es dinero ya concedido. Autorizar no equivale a asignar. El Congreso tendría que votar después las partidas presupuestarias que hagan real la financiación.
El fiscal general también debería trabajar con autoridades estatales y locales para proteger instituciones religiosas consideradas de riesgo por amenazas o delitos de odio. Las ayudas podrían cubrir mayor presencia policial, patrullas, formación y otras formas de asistencia.
El sistema federal de inteligencia aportaría otra capa. FBI, Departamento de Seguridad Nacional y National Counterterrorism Center tendrían que producir evaluaciones periódicas sobre extremismo violento antisemita en Estados Unidos y con conexiones transnacionales. El texto prevé versiones públicas desclasificadas cuando sea posible.
La educación forma parte de la misma conversación pública. El Departamento de Educación contaría con un coordinador sobre antisemitismo y nuevas herramientas ligadas a Title VI, además de un centro de recursos sobre seguridad y buenas prácticas para centros educativos.
El trasfondo social es visible en los datos de organizaciones judías. El American Jewish Committee informó que el 55% de los judíos estadounidenses encuestados en 2025 cambió algún comportamiento por miedo al antisemitismo. Un 30% evitó lugares, eventos o situaciones. La ADL contabilizó 6.274 incidentes antisemitas ese año, incluidos 203 ataques físicos.
La conversación, por tanto, no trata solo de retirar publicaciones ofensivas. Empieza antes, cuando una persona decide si mostrar su identidad o acudir a una actividad, y continúa después, cuando una comunidad tiene que pagar seguridad privada o coordinarse con la policía.
La ley sigue sin aprobarse. A 13 de agosto, S.4576 continúa en el comité competente del Senado y H.R.9211 sigue en comisiones y subcomisiones de la Cámara. Si avanza, la política tendrá dos pruebas distintas: si la transparencia digital aporta información útil y si la financiación prometida se convierte realmente en recursos para quienes sienten la amenaza fuera de la pantalla.
