Más de 25.000 personas, según la Policía Nacional, y hasta 70.000 según los organizadores, tomaron este domingo las calles del centro de Palma en una de las mayores movilizaciones sociales de los últimos años en Baleares. La protesta, convocada por la plataforma «Menys Turisme, Més Vida» y respaldada por 134 entidades sociales, exigió un cambio profundo del modelo económico, territorial y turístico del archipiélago. La marcha discurrió de forma pacífica desde la plaza de España hasta la plaza de ses Voltes, a los pies de la Catedral, donde se registraron momentos de tensión cuando los agentes impidieron inicialmente el paso a la mayoría de los manifestantes. «¡Queremos pasar!», coreaban los concentrados, hasta que finalmente se les permitió el acceso entre gritos de celebración. Sin embargo, al anochecer la protesta culminó con cargas policiales: la Policía disparó pelotas de goma y arremetió con porras a los participantes a la salida de ses Voltes. Al menos una persona resultó herida y las ambulancias se desplegaron en la zona.

La manifestación reunió a colectivos ecologistas, organizaciones por el derecho a la vivienda, sindicatos como CCOO, UGT, STEI, CGT y CNT, además de familias, jóvenes, trabajadores y jubilados. Todos ellos denunciaron que el modelo de crecimiento de las últimas décadas ha llevado a Mallorca a una situación límite en materia de vivienda, territorio, movilidad, recursos naturales y calidad de vida. Durante el recorrido se exhibieron pancartas con lemas como «No tenim por», «Qui estima Mallorca no la ven» y «Mallorca no está en venta». Los asistentes describieron que vivir en las islas se ha convertido en una carrera de obstáculos para una parte creciente de la población.

El acceso a la vivienda fue el gran eje de la movilización. Los convocantes sostienen que la crisis residencial ya no responde únicamente a un desequilibrio entre oferta y demanda, sino a la transformación de la vivienda en un activo financiero sometido a la especulación internacional. Pese a que el Govern de Marga Prohens (PP) defiende que por primera vez está priorizando el acceso de los residentes mediante la construcción de vivienda protegida y la agilización de nuevos desarrollos urbanísticos, las entidades critican que estas medidas no atacan las causas estructurales del problema. Recuerdan que Baleares continúa registrando algunos de los precios más elevados de España tanto en compra como en alquiler, y que el acceso a una vivienda sigue siendo inalcanzable para cada vez más personas.

Las organizaciones convocantes sostienen que la política del Ejecutivo autonómico se centra en aumentar la oferta sin intervenir sobre la demanda que, a su juicio, alimenta la escalada de precios. Critican especialmente la ley ómnibus aprobada por PP y Vox, que permite que personas jurídicas adquieran viviendas de precio tasado para destinarlas al alquiler. El Govern justifica esta reforma como un mecanismo para incrementar el parque residencial, pero la oposición y los movimientos sociales la interpretan como una nueva vía para facilitar la entrada de grandes operadores inmobiliarios en un mercado ya fuertemente tensionado. Para miles de trabajadores, encontrar un piso asequible se ha vuelto una tarea casi imposible, mientras aumentan los casos de jóvenes que retrasan su emancipación, familias obligadas a abandonar los municipios donde siempre habían vivido y trabajadores que renuncian a empleos por no poder acceder a una vivienda.

La protesta llega en uno de los momentos de mayor tensión social que recuerda el archipiélago. Hace dos semanas, dos activistas fueron detenidas e investigadas por ataques a cinco inmobiliarias en Santa Maria del Camí, un caso que la Guardia Civil llegó a calificar como delito de grupo criminal. Este clima ha situado en el centro del debate el malestar por el acceso a la vivienda, la turistificación y el modelo económico de Baleares. La manifestación de este domingo evidencia que la sociedad balear considera insostenible el rumbo actual y reclama medidas urgentes que garanticen el derecho a una vivienda digna y un modelo turístico respetuoso con el territorio y las personas.