Hace diez años, cinco hombres acorralaron y violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. El caso, conocido como La Manada, se convirtió en un punto de inflexión en la lucha contra la violencia sexual en España. La respuesta judicial inicial, que consideró los hechos como abuso sexual y no como violación por no apreciar intimidación, provocó una indignación social masiva que activó la cuarta ola del feminismo y desembocó en una reforma del Código Penal.
El médico forense Miguel Lorente, en una clase universitaria, dibujó con tiza un rectángulo de 2,73 metros de largo y un ancho irregular de entre uno y metro y medio, las dimensiones del habitáculo donde ocurrió la agresión. Pidió a seis alumnos que entraran y estos comprobaron que apenas había espacio para moverse. «¿Eso intimida o no?», preguntó. Los estudiantes lo tuvieron claro, pero la Justicia no lo vio así en un principio. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en 2018 condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, al considerar que no hubo intimidación porque la víctima no se resistió con uñas y dientes.
El voto particular del juez Ricardo González, que pidió la absolución y enmarcó los hechos en un «ambiente de jolgorio y regocijo», encendió aún más la rabia social. Miles de personas salieron a las calles con el lema «No es abuso, es violación», cuestionando la tendencia a culpabilizar a las víctimas por su comportamiento ante un hecho traumático, en lugar de centrar la responsabilidad en el agresor. La presión social y el debate público llevaron a que el Tribunal Supremo, tres años después, corrigiera las sentencias anteriores y concluyera que lo ocurrido fue una agresión sexual. La pena pasó de nueve a quince años de prisión y la sentencia fijó una doctrina que marcaría la interpretación de los delitos sexuales en los años siguientes.
Vicente Magro, uno de los cinco magistrados que elaboraron esa sentencia histórica, explicó que la decisión se basó en los hechos probados: «Era un hecho objetivo, porque fueron cinco personas en un portal». La condena no cambió los hechos, sino su interpretación jurídica. Desde entonces, situaciones similares han pasado a calificarse como violación y la doctrina ha servido de referencia para tribunales de todo el país. Magro subrayó que la sentencia fue unánime y que no hubo discrepancia entre los magistrados.
Para Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el caso de La Manada supuso «una quiebra con la manera habitual de entender la violencia sexual». La sociedad empezó a cuestionar los mitos y estereotipos presentes también en la Justicia. La culpabilización de la víctima y la justificación de los agresores provocaron una respuesta contundente en las calles, con movilizaciones masivas en varios puntos del país. «La respuesta del movimiento feminista hizo que la sociedad se parara y se preguntara qué estaba pasando. Ese fue el gran cambio», aseguró Lorente.
El consentimiento pasó a protagonizar conversaciones y pancartas. El caso de Pamplona centró el debate en si una mujer necesita resistirse con empeño para que se considere que ha sufrido una violación o si el shock de la situación puede anular cualquier posibilidad real de decidir o resistirse. Se pasó del «no es no» al «solo sí es sí», lema con el que luego se bautizaría a una de las grandes herederas de esas protestas: la ley de libertad sexual, aprobada en 2022, que puso el consentimiento en el centro y apuntaló el «Hermana, yo sí te creo» que se gritó en las calles en solidaridad con la víctima de La Manada y con todas las mujeres cuestionadas tras una agresión sexual.
La norma, impulsada por la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual y unificó todos los delitos sexuales bajo un mismo tipo penal basado en la ausencia de consentimiento. Al meterlo todo en el mismo saco, la reforma ensanchó la horquilla de penas: la condena máxima pasó a ser más alta, pero la mínima se redujo también. Esto provocó un efecto inesperado y criticado: más de un millar de agresores sexuales consiguieron reducir sus condenas gracias a un artículo de la ley penal que establece que se puede aplicar al reo la ley más favorable. Si al condenado antes del «sí es sí» se le impuso la pena mínima, al haber bajado ese umbral con la nueva legislación se le tenía que revisar el castigo a la baja.
Paradójicamente, el mismo caso que impulsó el debate político y social que desembocó en esta ley terminó viéndose afectado por su aplicación. Entre 2023 y 2025, tres de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines vieron rebajadas sus penas de 15 a 14 años al aplicarse la nueva normativa. Este hecho generó nuevas críticas y puso de relieve las complejidades de una reforma legal que, si bien buscaba proteger mejor a las víctimas, también generó consecuencias no deseadas.
El caso de La Manada sigue siendo un símbolo de la lucha feminista en España. Diez años después, el debate sobre la violencia sexual, el consentimiento y la respuesta judicial continúa vigente. Las movilizaciones sociales y las reformas legales han cambiado la forma de juzgar estos delitos, pero el camino hacia una justicia plena para las víctimas aún enfrenta desafíos. La sentencia del Tribunal Supremo y la ley del «solo sí es sí» representan hitos importantes, pero la aplicación de la norma ha demostrado que las reformas legales requieren un equilibrio cuidadoso para evitar efectos contraproducentes.
La cuarta ola del feminismo, impulsada por la indignación ante el caso de La Manada, ha logrado transformar el discurso público y la legislación en España. Sin embargo, el eco de aquella noche de Sanfermines de 2016 sigue resonando, recordando que la lucha por la igualdad y contra la violencia sexual es un proceso continuo que exige vigilancia y compromiso social.