El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto sobre la mesa la idea de un «fraude» masivo en las bajas laborales en España, llegando a calificarlo como «un cáncer que no podemos pagar» y proponiendo recortes en las prestaciones que reciben los trabajadores enfermos. Sin embargo, los datos oficiales y los análisis de organismos independientes dibujan un panorama muy distinto al de un supuesto absentismo voluntario y generalizado.
Las bajas por enfermedad han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, duplicándose desde 2016. Según los registros de la Seguridad Social, en 2016 se iniciaron 4,9 millones de procesos de incapacidad temporal, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 9,76 millones. Este incremento no es un fenómeno aislado español, sino que se observa en la mayoría de países europeos, con España situándose a la cabeza en ausencias por enfermedad, con un 4,5% de los trabajadores en 2024, según datos de Eurostat analizados por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El discurso de Feijóo y de algunas patronales empresariales se centra en la existencia de un «absentismo» fraudulento, pero esta denominación choca con la realidad del sistema. En España, una baja laboral no es una decisión voluntaria del trabajador, sino que debe ser autorizada siempre por un médico, que acredita una enfermedad o accidente que impide trabajar. Como señalan los expertos, no existen las faltas «sin justificación» que menciona el líder del PP, ya que todo proceso de baja está respaldado por un diagnóstico clínico.
Detrás del aumento de las bajas hay un cóctel de factores estructurales que nada tienen que ver con un presunto fraude. La pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión, disparando los procesos hasta el pico registrado en 2022, con la explosión de casos por la variante Ómicron. Tras la pandemia, las cifras descendieron pero se mantuvieron por encima del nivel previo al coronavirus, y en 2024 y 2025 han vuelto a repuntar.
El envejecimiento de la población activa es otro factor clave. Cada vez hay más trabajadores mayores de 55 años, un grupo con mayor propensión a sufrir enfermedades crónicas y problemas de salud que requieren bajas más prolongadas. A esto se suma la saturación de la sanidad pública, que retrasa diagnósticos y tratamientos, alargando los periodos de incapacidad. El estallido de los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, también ha contribuido al incremento de las bajas, un fenómeno que se repite en otros países europeos.
El crecimiento del empleo también influye en las estadísticas. El Banco de España ha constatado que en contextos de reducción del paro y aumento de la ocupación, como el actual, se incrementa el número de bajas. Además, la reforma laboral ha reducido drásticamente la contratación temporal, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha observado que los trabajadores con contratos indefinidos o públicos tienen más bajas que aquellos con contratos eventuales. Esto sugiere que la precariedad laboral puede estar disuadiendo a muchos trabajadores de ejercer su derecho a la baja por miedo a perder el empleo, como señalan los sindicatos.
El médico Paulino Cubero, en declaraciones recogidas por, aporta una perspectiva clave: «Habría que interpretar si cuando hay bonanza económica se cogen más bajas de las debidas o si cuando no la hay se cogen menos de las necesarias. Esto es muy subjetivo, muchas veces nosotros ofrecemos la baja y el paciente la rechaza porque dice que tiene que ir a trabajar». Esta reflexión pone en duda la narrativa del abuso generalizado.
Los datos desglosados por edades, sexos, actividades económicas, patologías y regiones muestran un crecimiento muy generalizado, sin que se identifique un patrón de fraude masivo. Las bajas de corta duración han aumentado especialmente, lo que ha reducido la duración media de los procesos, contradiciendo la idea de que los trabajadores alargan injustificadamente sus periodos de baja.
En definitiva, el discurso del «fraude» masivo en las bajas laborales, sin aportar pruebas concretas, invisibiliza las causas reales del incremento: el envejecimiento de la población activa, las secuelas de la pandemia, la saturación sanitaria, el aumento de los problemas de salud mental y un mercado laboral que, aunque más estable, sigue generando desigualdades en el acceso a los derechos. Mientras tanto, la propuesta de recortar las prestaciones por enfermedad, lejos de atajar el problema, podría agravar la situación de los trabajadores más vulnerables.