El número de procesos de baja médica laboral en España se ha incrementado un 84% entre 2017 y 2024, según un exhaustivo estudio publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el pasado mes de febrero. En 2017 se iniciaron 4,7 millones de episodios, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 8,6 millones. Este aumento no se explica únicamente por el crecimiento del empleo: incluso descontando esa variable, la incidencia —procesos por cada 1.000 trabajadores— ha subido un 60% en el mismo periodo.
El gasto en subsidios por incapacidad temporal —la prestación que reciben los trabajadores para compensar la pérdida de salario— alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, una cifra que triplica lo destinado una década antes. Esta partida se ha convertido en la segunda mayor del sistema de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones contributivas. A este coste hay que sumar el que asumen las empresas, que financian la pérdida salarial entre los días 4 y 15 de la baja, además de seguir pagando cotizaciones y, en muchos casos, complementos salariales hasta el 100% del sueldo. La patronal estima que el coste empresarial es similar al de la Seguridad Social, lo que arroja un total conjunto de unos 33.000 millones de euros.
El debate sobre las bajas laborales ha vuelto a la primera línea de la conversación pública después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificara el absentismo laboral como «un cáncer» que cuesta más de 30.000 millones de euros y se comprometiera a adoptar medidas para atajarlo si llega a la presidencia. Las patronales sitúan la cuestión del absentismo como su prioridad número uno y exigen soluciones como que la Seguridad Social asuma íntegramente el coste. Por su parte, los sindicatos atribuyen el auge de la incapacidad temporal a una sanidad pública saturada y al envejecimiento de la población, y ven en la actitud empresarial un interés por recortar derechos.
El estudio de la Airef revela que los procesos de baja no solo son más numerosos, sino también más largos. La duración media de la incapacidad temporal ha aumentado un 15%, pasando de 40 días en 2017 a 45,9 en 2024. Este incremento se explica, en parte, por el fuerte repunte de las bajas más duraderas: las que superan el año se han triplicado desde 2017. Al mismo tiempo, las bajas muy cortas —de menos de tres días— también han crecido de forma notable, un 141%.
Otro dato relevante es que más de la mitad de los procesos de baja abiertos en 2024 se concentran en un 25% de los trabajadores. Esto indica que existe un núcleo de empleados que tienen más de un episodio al año, lo que puede estar relacionado con enfermedades crónicas. En cuanto a los perfiles, la Airef señala que los trabajadores de empresas grandes, las mujeres, los menores de 40 años, quienes tienen contrato indefinido y los asalariados son los grupos con mayor probabilidad de solicitar una baja.
Las enfermedades musculoesqueléticas y las respiratorias son las que tienen una mayor incidencia en la incapacidad temporal, aunque las que más han crecido son las infecciosas y las relacionadas con la salud mental. En concreto, la incidencia de trastornos por salud mental se ha incrementado un 83% y son los procesos más largos, con una duración media de casi 100 días.
La Airef identifica varios factores detrás de este aumento. El primero es la falta de control y seguimiento por parte de la Seguridad Social, en una prestación que sufre un conflicto de competencias: los médicos de la sanidad pública —competencia autonómica— conceden las bajas, pero la prestación corre a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La autoridad fiscal también señala que una serie de mejoras normativas introducidas en los últimos años —como convenios que complementan hasta el 100% del salario o la retirada de la penalización retributiva a empleados públicos— pueden haber influido. Asimismo, el buen momento económico del país y la saturación del sistema sanitario, con listas de espera que dilatan los procesos, agravan la situación.
Algunas patronales, como Pimec, han elevado el impacto total de las bajas laborales por encima de los 100.000 millones de euros si se incluye la pérdida de producción por tener a un trabajador de baja o el coste de contratar a un sustituto. El debate, lejos de cerrarse, promete intensificarse en los próximos meses, con posturas enfrentadas entre empresarios y sindicatos sobre cómo abordar un fenómeno que ya afecta a las cuentas de la Seguridad Social y a la competitividad de las empresas.