Marta García tiene 57 años, vive en un tercer piso sin ascensor en Vallecas (Madrid) y lleva dos años sin poder salir a la calle por su propia voluntad. Su parálisis espástica la obliga a desplazarse en silla de ruedas, y las escaleras se han convertido en una barrera infranqueable. «Solo salgo cuando me llevan al médico», relata con la voz quebrada. Su historia no es un caso aislado: unas 100.000 personas con discapacidad en España se encuentran en una situación similar, atrapadas en viviendas no adaptadas.

La falta de accesibilidad en los edificios españoles es un problema estructural que afecta a cientos de miles de ciudadanos. Según un informe del Observatorio de accesibilidad de la Fundación Mutua Propietarios, el 22% de los edificios del país carece de ascensor y la mitad de las viviendas están poco o nada adaptadas. Las principales razones para no realizar las obras necesarias son la falta de acuerdo entre vecinos (47%) y los motivos económicos (55%). La instalación de un ascensor puede superar los 90.000 euros, una cantidad que muchas comunidades no están dispuestas a asumir.

La ley de propiedad horizontal establece que la instalación de un ascensor puede ser obligatoria si lo solicita un vecino con discapacidad, movilidad reducida o mayor de 70 años, pero solo si el coste no supera las doce mensualidades ordinarias de la comunidad. En la práctica, ese límite es casi imposible de cumplir, lo que deja a muchas personas sin posibilidad de exigir la reforma. «La obra de ascensores es costosa y supera las cuantías actuales. Hay otras obras de accesibilidad que son obligatorias, como la rampa o el rebaje, pero la del ascensor no lo es y cuesta mucho de conseguir», explica Daniel-Aníbal García, secretario de finanzas de Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica).

Manuel, de 82 años, vive en Villaverde (Madrid) en un cuarto piso sin ascensor. Tiene hidrocefalia y un 69% de discapacidad reconocida. Su familia solicitó la instalación del ascensor hace seis años, justo después de que le operaran de una cardiopatía, pero la comunidad de vecinos rechazó la obra. Hace casi cuatro meses, su hija Gema volvió a pedir la reforma, pero aún no ha recibido respuesta. «No hay un rechazo total, pero hay una indiferencia absoluta», denuncia Gema. Mientras tanto, Manuel sube y baja los 70 escalones que separan el portal de su casa con enormes dificultades. «Me da pánico verle subir y bajar las escaleras», confiesa su hija.

El impacto psicológico de esta situación es devastador. Marta García se rompe a llorar cuando le preguntan por su estado anímico. La dependencia se dispara cuando hay barreras arquitectónicas, y la salud mental se resiente. Gema, por su parte, reclama más solidaridad entre los vecinos: «Todos tendremos una discapacidad o una movilidad reducida en algún momento de nuestra vida. Una caída en la calle y una rotura de pierna ya te dan una movilidad reducida». También señala la dificultad para acceder a las ayudas públicas como otro factor que agrava el problema.

El Gobierno ha tomado nota de esta realidad. La reforma de la dependencia y la discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 modifica la ley de propiedad horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a realizar obras de accesibilidad. La nueva norma obliga a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas económicas si uno de los residentes lo pide. Además, se rebaja del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra que debe asumir la comunidad, y los propietarios a los que se les deniegue la reforma podrán acudir a la justicia para exigir que se realice.

En España hay más de un millón de personas con movilidad reducida. Muchas de ellas, como Marta y Manuel, solo piden poder bajar a la calle con autonomía para comprar el periódico, pasear o simplemente sentir que no están presas en su propio hogar. La reforma legal pretende acortar los plazos y facilitar los trámites, pero mientras las obras no se ejecuten, miles de ciudadanos seguirán viviendo en un aislamiento forzado que nadie debería tener que soportar.