El Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que cite como imputados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, al anterior director general, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La petición, presentada por escrito, sostiene que llamarlos como testigos sería incompatible con los indicios que pesan sobre ellos y supondría un fraude procesal que perjudica el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas.
Según el escrito del PP, los hechos investigados encajan de modo indiciario en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público y pertenencia o cooperación con organización criminal. La petición se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la comisión Koldo del Senado, donde defendió el buen hacer de González y negó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre los contactos entre Díez y la jefa de la Guardia Civil.
El PP considera acreditado, a partir de las pesquisas, que entre González y Leire Díez existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024. Esa relación se materializó en al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea. La Unidad Central Operativa (UCO) concluye que Díez utilizaba conscientemente su relación con González para impulsar actuaciones administrativas internas en la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO.
El partido hace hincapié en un audio en el que se escucha a Díez, durante una reunión con el capitán y exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes, decir: «Esto, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza». Para el PP, esto evidencia un propósito delictivo explícito de instrumentalizar la relación con la directora general para inquietar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO.
El sumario, según el PP, muestra una correlación material entre los contactos de González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE. La formación señala que esta sincronía temporal —contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO— no admite una lectura distinta de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga.
A juicio del PP, la directora de la Guardia Civil ha incurrido en contradicciones sucesivas sobre los hechos investigados. Inicialmente, a través del Ministerio del Interior, se negó toda reunión con Díez. Tras hacerse público un informe de la UCO, reconoció dos reuniones en cafeterías, luego admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre cuestiones personales y familiares. También reconoció que en uno de los encuentros Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.
El PP añade que el 11 de mayo de 2025 se activó el borrado automático de WhatsApp con cadencia de 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa. La formación califica la destrucción dolosa de fuentes de prueba, contemporánea a la apertura del expediente interno contra la UCO, como un indicio adicional de relevancia. Según las declaraciones como testigos ante el juez de altos mandos de la Guardia Civil, la cúpula ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el DIECAN de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.
Los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste, exjefes de la UCO, ratificaron ante el juez que Leonardo Marcos y Manuel Llamas les pidieron «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en aquellas causas con afectación política, en particular la del hermano de Sánchez. Ambos declararon que en sus trayectorias profesionales no habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad, calificándolas de excepcionales, no habituales y constitutivas de un intento de intimidación.