El Ministerio de Transportes de Gibraltar ha sancionado a diez taxistas españoles y ha impedido que los vehículos Uber operen en su territorio, amparándose en el marco del acuerdo post-Brexit. La medida afecta al servicio transfronterizo en la Verja y reabre el debate sobre la movilidad en la zona.
El Ministerio de Transportes de Gibraltar ha impuesto multas a diez taxistas españoles y ha bloqueado la entrada en servicio de vehículos de la plataforma Uber en el territorio de la Roca. La decisión, dada a conocer este jueves, se apoya en la interpretación que las autoridades gibraltareñas hacen del tratado firmado entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, que no permitiría que vehículos matriculados en otros países ofrezcan servicios de transporte público de viajeros dentro de la colonia británica.
La medida afecta directamente a los profesionales del taxi que operan en el Campo de Gibraltar, especialmente en localidades como La Línea de la Concepción, donde muchos conductores cruzaban a diario la frontera para recoger pasajeros con destino a puntos de la comarca o al propio aeropuerto. Las sanciones económicas, cuya cuantía no ha sido precisada por las autoridades, han generado malestar entre los afectados, que consideran que la interpretación gibraltareña perjudica un servicio que se venía prestando de forma habitual desde hace años.
La decisión también impide que los conductores de Uber, que habían comenzado a operar en la zona aprovechando la demanda transfronteriza, puedan recoger viajeros en suelo llanito. Según fuentes del sector, la plataforma había iniciado gestiones para regularizar su actividad en Gibraltar, pero el Ministerio de Transportes ha rechazado cualquier posibilidad de autorización mientras no exista un marco bilateral claro que regule estos servicios.
El conflicto se enmarca en las negociaciones sobre el tratado que debe regular la relación entre Gibraltar y la Unión Europea después del Brexit. El acuerdo, que entró en vigor de forma provisional, establece las condiciones de circulación de personas y mercancías, pero deja sin resolver numerosos aspectos relacionados con los servicios transfronterizos, entre ellos el transporte de viajeros. Las autoridades gibraltareñas sostienen que, en ausencia de una regulación específica, solo los vehículos matriculados en Gibraltar pueden prestar servicios de taxi o VTC dentro de su territorio.
Desde el sector del taxi en el Campo de Gibraltar, la respuesta no se ha hecho esperar. Varias asociaciones profesionales han anunciado que estudiarán recurrir las sanciones y han solicitado una reunión con la Delegación del Gobierno en Andalucía para abordar el asunto. Los taxistas consideran que la medida es desproporcionada y que vulnera el espíritu de cooperación transfronteriza que inspira el tratado. Además, advierten de que la decisión podría sentar un precedente negativo para otros sectores económicos que dependen del tránsito diario entre ambos lados de la Verja.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Transportes de Gibraltar han defendido la legalidad de las sanciones y han recordado que la normativa interna del Peñón es clara al respecto: ningún vehículo extranjero puede realizar transporte público de viajeros sin autorización expresa. Las mismas fuentes han indicado que la medida no busca perjudicar a los trabajadores españoles, sino garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de los usuarios.
El conflicto llega en un momento especialmente sensible para las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar, en pleno proceso de negociación del tratado definitivo. La frontera, que durante décadas fue un punto de fricción, vive desde hace años una etapa de normalización, pero asuntos como este demuestran que aún quedan muchas cuestiones por resolver. La movilidad transfronteriza es uno de los temas más delicados, dado el elevado número de trabajadores españoles que se desplazan a diario a la Roca y la creciente demanda de servicios de transporte por parte de turistas y residentes.
Mientras tanto, los taxistas sancionados han anunciado que continuarán prestando servicio en la zona española de la frontera y que mantendrán sus reclamaciones por la vía administrativa y, si fuera necesario, judicial. También han pedido al Gobierno español que intervenga ante las autoridades gibraltareñas para buscar una solución negociada que permita mantener un servicio que consideran esencial para la movilidad de miles de personas.
