La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y medio de prisión al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados por su participación en el amaño de decenas de contratos de festejos en varios municipios de la región. La sentencia, de más de doscientos folios, considera probado que Granados utilizó su influencia política, especialmente en localidades donde el Partido Popular gobernaba, para que la empresa Waiter Music obtuviera adjudicaciones directas o concursos amañados para organizar fiestas patronales, cabalgatas, carnavales y eventos navideños.
El tribunal detalla que Granados, quien fue hombre fuerte de Esperanza Aguirre como consejero de Presidencia y Justicia, actuó para que Waiter Music, propiedad del fallecido José Luis Huerta, consiguiera contratos públicos en municipios como Valdemoro, donde el exconsejero había sido alcalde. A cambio, la empresa sufragaba gastos privados de Granados, como fiestas y comuniones, así como actos electorales del PP en los que participaron figuras como Esperanza Aguirre, José María Aznar y Mariano Rajoy. La sentencia califica esta práctica como «la recepción sistemática de prestaciones en especie no retribuidas».
La lista de condenados incluye a cuatro exalcaldes de Valdemoro, Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, además de varios concejales. Entre ellos destaca José Carlos Boza, condenado a cuatro años de cárcel por fraude; José Miguel Moreno, a dos años; y Francisco Granados, a dos años y medio. También reciben penas de dos años de prisión María Ángeles Herrera, exalcaldesa de Ciempozuelos, y Carlos Alberto Estrada, exregidor de Moraleja de Enmedio. Asimismo, han sido condenados los exjefes de gabinete de la alcaldía de Valdemoro, Alfredo Ovejero y María del Carmen Benito, y los concejales Rafael Marín, Ricardo Godino y David Erguido, este último senador del PP entre 2019 y 2020 y exdiputado en la Asamblea de Madrid con Isabel Díaz Ayuso.
No todos los acusados han sido declarados culpables. El tribunal ha exonerado a Daniel Ortiz y Esteban Parro, regidores de Móstoles que se sentaron en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente tres años de cárcel para Granados, aunque finalmente rebajó su petición durante el juicio, celebrado en el primer trimestre del año. La causa, conocida como caso Waiter Music, es una pieza separada del macroproceso Púnica y abarca irregularidades detectadas entre 2004 y 2015 en al menos cinco municipios madrileños gobernados por el PP: Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete, así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid, como Metro, Arpegio y el Patronato de la Fundación de la Comunidad de Madrid.
La investigación judicial revela que Waiter Music, dedicada a la organización de eventos y espectáculos, logró contratos para fiestas patronales en numerosos municipios, facturando varios millones de euros cada año. Además, la empresa trabajó para constructoras como FCC, Acciona, Ferrovial, Dragados, Sacyr y OHL en actos vinculados a la ampliación de las líneas 3 y 7 del Metro de Madrid. Según la sentencia, la administración elegía a los contratistas para estos festejos, pero luego las empresas constructoras pagaban los eventos, un esquema que el tribunal considera parte del entramado corrupto.
La sentencia subraya que Granados y los demás condenados actuaron de forma coordinada para beneficiar a Waiter Music, mientras que el empresario José Luis Huerta, ya fallecido, retribuía esos favores con pagos en especie y financiación de actos políticos. El caso ha puesto de manifiesto la profunda red de corrupción que operó durante años en la Comunidad de Madrid, afectando a la gestión de fondos públicos destinados a festejos y eventos culturales. La Audiencia Nacional ha dejado claro que estos hechos constituyen un grave atentado contra la legalidad y la transparencia en la contratación pública.