La vivienda se ha consolidado como uno de los principales ejes de desigualdad económica en España, según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El estudio, basado en los microdatos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, revela una brecha significativa entre los ingresos de los propietarios que alquilan sus pisos y los de los inquilinos. En el caso de los caseros que poseen dos o más viviendas arrendadas, la diferencia se dispara hasta prácticamente cuadruplicar la renta mediana de los arrendatarios: 80.375 euros anuales frente a 21.335 euros.
Por régimen de tenencia, los inquilinos constituyen el grupo con el nivel de renta más bajo. En el extremo opuesto se sitúan quienes perciben ingresos del alquiler. Los propietarios que tienen una sola vivienda arrendada registran una renta mediana anual de 50.959 euros, más del doble que la de los inquilinos. La distancia es menor en comparación con quienes son propietarios únicamente de la vivienda en la que residen, cuya renta mediana anual asciende a 32.120 euros.
La brecha se acentúa al analizar la riqueza patrimonial de cada grupo, es decir, el valor global de sus propiedades. Según el informe, los inquilinos tienen una riqueza neta mediana de 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de quienes son dueños solo de su vivienda habitual y a los 407.975 euros de quienes tienen un piso alquilado. En el caso de los «multiarrendadores» de dos o más viviendas, su patrimonio medio alcanza los 996.826 euros, una cifra 450 veces superior a la de los hogares inquilinos.
El estudio, coordinado por el investigador del CSIC Javier Gil, apunta a que la posición que se ocupa en el mercado de la vivienda —ser inquilino, propietario o arrendador— tiene un impacto mayor en la desigualdad que variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos. Esto se debe a que se produce un trasvase de renta desde quienes menos ingresos tienen hacia quienes más riqueza acumulan. Por tramos de edad, la mayor diferencia de renta se da entre las personas de 45 a 54 años y los mayores de 74, con ingresos anuales de 34.200 y 19.651 euros respectivamente, una brecha menor que la observada según la posición en el mercado inmobiliario.
«Las personas jóvenes no tienen menos riqueza porque sean jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas», asegura el estudio. De este modo, la brecha patrimonial de la población joven respondería más a su dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y a su posición en el mercado residencial que a un factor «estrictamente generacional». El informe advierte de que la desigualdad provocada por la vivienda se ha incrementado en las últimas décadas. El 10% de la población más acaudalada ha pasado de concentrar el 34,5% de la riqueza residencial en 2002 al 41,9% en 2022. En cambio, el 90% restante de los hogares ha visto reducida su participación del 65,4% al 58,1%.
Al mismo tiempo, la proporción de menores de 35 años con una casa en propiedad se ha reducido drásticamente. Si en 2011 casi el 70% eran dueños de un piso, en 2022 la cifra cayó al 31,8%. Ante estos datos, desde el Ministerio de Consumo remarcan que la revalorización del parque residencial y la subida del precio de los alquileres no son fenómenos «neutrales», sino que benefician principalmente a quienes ya son propietarios y perjudican a quienes no lo son. Esto genera un círculo vicioso: cuanto más sube la renta, más recursos transfieren los hogares inquilinos a los arrendadores y menos capacidad de ahorro les queda para acceder algún día a la propiedad o acumular patrimonio por otras vías.
Fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy aseguran que estos datos evidencian la necesidad de sacar adelante la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que prepara el Consejo de Ministros. El Gobierno pretende incluir de nuevo esta medida, impulsada por Sumar, en el macrodecreto de iniciativas sobre vivienda que prevén tener listo antes de que acabe el mes de julio. Se trata de una medida que el Ejecutivo ya aprobó en marzo, pero que el Congreso de los Diputados acabó rechazando por el voto en contra de Junts, PP y Vox.