La instalación de parques eólicos en la España rural se ha vendido como una oportunidad para generar empleo y frenar la despoblación, pero la realidad dista mucho de esas promesas. Un reportaje recoge el descontento de vecinos y ayuntamientos que denuncian que los beneficios económicos y laborales apenas llegan a los municipios donde se ubican los aerogeneradores. En localidades como Hornillos de Cerrato (Palencia), de apenas 203 habitantes, la construcción de un parque con 40 molinos permitió financiar una piscina municipal, pero el impacto en el empleo local ha sido mínimo.

España cuenta con 1.454 parques eólicos y 22.433 aerogeneradores distribuidos en 870 municipios, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Castilla y León es la comunidad con mayor concentración, con 291 parques, seguida de Aragón (206) y Galicia (184). Sin embargo, la ubicación de estas infraestructuras responde a criterios técnicos y ambientales, pero no siempre a la aceptación social. Colectivos como la plataforma ALIENTE en la comarca zamorana de Sayago denuncian que las empresas extranjeras no tienen en cuenta las necesidades locales y causan un «atentado ecológico» contra reservas naturales como los Arribes del Duero.

El mantra de la creación de empleo es uno de los más repetidos por las empresas del sector. La AEE asegura que más de 37.000 personas trabajan en la eólica en España, el 70% con cualificación. No obstante, un informe del Banco de España de 2023 cuestiona que esos puestos se cubran a nivel local. El estudio señala que los multiplicadores de empleo para la eólica son «estadísticamente iguales a cero» en todas las fases, lo que significa que las inversiones no tienen impacto sobre el empleo en las zonas de implantación. Durante la construcción, que dura entre 18 y 24 meses, se genera un pico de contratación, pero muchas tareas requieren personal cualificado o conductores especializados que no se encuentran en los pueblos.

«Esas empresas están durante uno o dos años yendo y viniendo con la construcción, y en el momento en que empiezan a operar, desaparece todo el mundo. Incluso la mayoría de las operaciones de mantenimiento se hacen en remoto. Suelen contratar a gente de fuera, por lo que no tiene repercusión aquí», critica Delfín Martín, de ALIENTE. En la misma línea, el Ayuntamiento de Grijalba (Burgos), de 114 habitantes, se opuso a un parque eólico tras investigar el modus operandi de las empresas, que consideran «opaco». Desde el Consistorio señalan que los beneficios prometidos nunca se materializaron.

La AEE defiende que lleva a cabo programas de formación para potenciar la empleabilidad local y afirma que en seis años se han formado a más de 90 alumnos, una media de 15 por año, cifra baja si se tiene en cuenta que hay parques en más de 800 municipios. Para los detractores, estas cifras demuestran que las promesas de desarrollo rural se las lleva el viento. Mientras las empresas obtienen ingresos por la energía generada, los pueblos siguen vaciándose y sin ver una reducción en sus facturas de luz ni una mejora sustancial en su economía local.

El reportaje concluye que, bajo el lema «renovables sí, pero no así», cada vez más colectivos se movilizan contra lo que consideran un modelo injusto que beneficia a grandes ciudades y empresas extranjeras, mientras los municipios anfitriones apenas reciben migajas. El desafío de conciliar la transición energética con la revitalización de la España vacía sigue sin resolverse.