Los incendios forestales que estos días castigan las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha forman parte de una nueva realidad que, según los expertos, se intensificará cada verano. No se trata necesariamente de que haya más fuegos cada año, sino de que cada uno será más destructivo, abarcará más superficie y se producirá en cotas de altitud donde antes era difícil que ardiera. La sequía y el exceso de vegetación acumulada tras las lluvias de primavera han creado las condiciones ideales para que las llamas se extiendan sin control.

La respuesta de las administraciones autonómicas, en manos del Partido Popular en las tres comunidades afectadas, ha estado marcada por la crítica y la delegación de responsabilidades. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitó al Ejecutivo central que asumiera el control directo de la emergencia mediante el nivel 3 de respuesta, una decisión que implica que la gestión pasa a depender del Ministerio del Interior. La presidenta madrileña, que en el pasado ha negado o relativizado el cambio climático calificando la agenda climática de «gran estafa», ha aparecido en los medios con un chaleco de emergencias con la palabra «presidenta». La colaboración entre administraciones, salvo excepciones políticas como la polémica tras la dana de Valencia, suele producirse sin grandes problemas, pero la falta de prevención previa es el verdadero talón de Aquiles.

El profesor de Ingeniería Forestal Víctor Resco de Dios advierte de que «el área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando». Las zonas montañosas de gran altitud, tradicionalmente húmedas y con poca historia de fuegos, son ahora las más vulnerables. Cuando las llamas amenazan zonas habitadas, los servicios de extinción deben priorizar la protección de vidas humanas, lo que retrasa el ataque a la cabeza del incendio y permite que se extienda sin freno. Para entonces, cuando el fuego ya cubre miles de hectáreas, es tarde.

La prevención es la asignatura pendiente. Los bomberos forestales de Madrid llevan meses en huelga para reclamar mejores salarios y condiciones laborales. Algunos cobran apenas 1.300 euros al mes por un trabajo de alto riesgo, en condiciones de penosidad y toxicidad. No se les contrata todo el año, sino solo de mayo a octubre, un ahorro que los propios bomberos consideran miserable. «Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería», denuncia uno de ellos. La Ley 5/2024 sobre bomberos forestales reconoce derechos que la Comunidad de Madrid no aplica, lo que agrava el problema.

La gestión forestal es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Tras dos meses de lluvias intensas, el exceso de vegetación era un factor de riesgo conocido para los incendios del verano, pero no se actuó con la suficiente contundencia. Un editorial del diario ABC ha achacado los fuegos a la falta de «gestión forestal constante y tradicional», sin mencionar que esa responsabilidad recae precisamente en los gobiernos autonómicos del PP. La Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, impone a los propietarios de terrenos forestales la obligación de limpiarlos, pero son las comunidades las que deben establecer los mecanismos para que se cumpla.

Mientras el fuego sigue arrasando miles de hectáreas, la pregunta que queda en el aire es si las autoridades aprenderán la lección y destinarán recursos a la prevención durante todo el año, en lugar de esperar a que las llamas obliguen a llamar a la UME. Los expertos lo tienen claro: sin prevención, cada verano será una repetición de la misma emergencia.