Más de un millar de personas se manifestaron este sábado en Santander para denunciar lo que consideran una «estrategia de desmantelamiento» de la sanidad pública en Cantabria. La marcha, convocada por una amplia coalición de colectivos sociales, políticos y sindicales, superó las previsiones iniciales y recorrió el centro de la ciudad desde la calle Numancia hasta la plaza del Ayuntamiento bajo el lema «Sanidad pública y de calidad, sin recortes. No a la privatización».
Charo Quintana, una de las portavoces del movimiento, afirmó que la movilización no responde a incidentes aislados, sino a una deriva peligrosa del sistema sanitario regional. «Hemos salido a la calle porque vemos con triste claridad que nuestro sistema sanitario público en Cantabria está en riesgo», declaró Quintana. La portavoz subrayó que el derecho a la asistencia sanitaria es un «derecho humano fundamental» que requiere una defensa activa constante por parte de la ciudadanía. Según su análisis, lo que ocurre en Cantabria no son problemas puntuales, sino que «existe una estrategia, una política ideológica clara que persigue cambiar nuestro modelo», un modelo que, insistió, «debería basarse siempre en la solidaridad, la universalidad, la calidad y la seguridad asistencial».
Al frente de la manifestación se situaron la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria (ADSPC), la Coordinadora Cántabra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, trabajadores de los hospitales de Laredo, Valdecilla y Tres Mares, la Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) y representantes de los partidos PSOE, PRC, IU, Podemos y Cantabristas. Entre las autoridades presentes destacaron el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), y la diputada del Grupo Regionalista Paula Fernández, ambos candidatos a las próximas elecciones autonómicas. Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas como «La sanidad pública no se vende, se defiende» y «Gobierne quien gobierne, lo público se defiende», además de gritos como «ni un paso atrás, por la sanidad pública con dignidad» y críticas directas al Ejecutivo regional, llegando a proclamar que «el Partido Popular para la sanidad pública es una enfermedad».
Los convocantes pusieron sobre la mesa situaciones concretas que evidencian el deterioro del sistema. Este verano, un total de 80 consultorios rurales de Cantabria no contarán con médico, lo que agrava la situación de la atención primaria y la red rural. Asimismo, se reclamó que los 250 millones de euros destinados al concierto con el hospital privado Santa Clotilde «vuelvan a nuestro sistema sanitario público». Los organizadores advirtieron de que el desvío de fondos hacia intereses privados no es solo una cuestión de gestión económica, sino que tiene consecuencias directas en la salud pública, como el empeoramiento de las listas de espera y una rebaja progresiva de las capacidades del Sistema Cántabro de Salud. Los colectivos participantes coincidieron en rechazar un modelo donde «se consolidan conciertos estructurales de larga duración» y se facilita el acceso empresarial a datos sanitarios.
La protesta concluyó con la lectura de un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento, en el que los colectivos convocantes defendieron que la asistencia sanitaria constituye un derecho humano fundamental que se encuentra «seriamente amenazado, tanto en Cantabria como en el conjunto del Estado». El texto reivindicó el papel de la sanidad pública como «uno de los principales pilares de cohesión social» y destacó su contribución a reducir las desigualdades, generar empleo de calidad e impulsar la investigación y la innovación. La movilización de este sábado se suma a otras acciones previas en defensa de la sanidad pública en la región, en un contexto de creciente preocupación ciudadana por el rumbo de las políticas sanitarias.