Un total de siete comunidades autónomas españolas disponen de residencias oficiales acondicionadas para que sus presidentes puedan vivir durante su mandato, pero en la actualidad ninguno de esos mandatarios ha decidido trasladarse a ellas. Cataluña, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Extremadura, Asturias y Canarias cuentan con pisos, chalés o palacetes destinados a ese fin, mientras que los presidentes prefieren residir en sus domicilios privados, lo que deja estos inmuebles prácticamente vacíos o con un uso exclusivamente institucional.
En Cataluña, la Casa dels Canonges, situada junto al Palau de la Generalitat en el centro histórico de Barcelona, es la residencia oficial del president. Sin embargo, Pere Aragonès, en funciones, no la ha utilizado como vivienda habitual y sigue residiendo en su casa de Pineda de Mar. Este edificio, que acogió a Josep Tarradellas tras su regreso del exilio y a Francesc Macià y Lluís Companys durante la II República, se emplea hoy para reuniones, almuerzos y recepciones oficiales.
En Euskadi ocurre algo similar con el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria. El lehendakari Iñigo Urkullu, que ha estado en el cargo los últimos nueve años, ha optado por residir en su domicilio de Durango, argumentando que el palacio resulta anticuado e incómodo. Urkullu ha impulsado obras en el complejo para dotarlo de un nuevo salón de recepciones y darle más uso institucional. Antes que él, sí vivieron allí Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Patxi López. Ahora, la incógnita es si su previsible sucesor, Imanol Pradales, se mudará al palacio o seguirá en su casa de Portugalete.
Galicia cuenta con una de las residencias más amplias: la de Monte Pío, en Santiago de Compostela, con unos 70.000 metros cuadrados (25.000 de edificación y 45.000 de zona ajardinada). Encargada por Manuel Fraga, que se instaló allí en 2002, costó entre siete y diez millones de euros de fondos públicos. También la usó el socialista Emilio Pérez Touriño, pero el actual presidente, Alfonso Rueda, nunca se ha mudado y reside en su vivienda de Pontevedra. Su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, la habitó al principio, pero luego se trasladó a A Coruña por motivos personales.
En las Islas Baleares, el Consolat de Mar es la residencia oficial del presidente autonómico, pero ningún mandatario la ha utilizado con fines privados. La actual presidenta, Marga Prohens, vive en su piso particular de Palma, al igual que todos sus antecesores, desde Gabriel Cañellas hasta Francina Armengol. El caso más emblemático fue el de Jaume Matas, que residía en un palacete en la calle Sant Feliú, inmueble que estuvo bajo sospecha judicial por un supuesto enriquecimiento ilícito no probado.
Extremadura también dispone de una residencia oficial en la avenida José Fernández López de Mérida, pero solo la han utilizado los presidentes socialistas Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. El popular José Antonio Monago y la actual presidenta, María Guardiola, han preferido mantener sus domicilios particulares, dejando el inmueble sin uso residencial. Castilla y León es la única comunidad que, en lugar de mantener una residencia propia, paga el alquiler de la vivienda del presidente.
La situación ha generado debate sobre la eficiencia del gasto público, ya que mantener estos inmuebles supone un coste para las arcas autonómicas sin que cumplan su función original de alojamiento. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha adquirido recientemente un ático de 485 metros cuadrados con terraza en el exclusivo barrio de Chamberí, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha justificado como espacio para reuniones durante las obras de la sede de la Presidencia, aunque no ha aclarado si podría tener un uso residencial eventual.
En conjunto, el abandono de las residencias oficiales por parte de los presidentes autonómicos refleja tanto cuestiones logísticas como personales: desde la incomodidad de espacios anticuados hasta la preferencia por mantener la vida privada alejada de la institución. El fenómeno no es nuevo —ya en el pasado muchos mandatarios optaron por no mudarse—, pero la persistencia de la situación mantiene vigente el interrogante sobre la utilidad de unos inmuebles que, pese a su coste, permanecen mayoritariamente vacíos.