El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha avalado este miércoles la investigación del pago de 200.000 euros que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recibió del grupo empresarial peruano Gloria, en el marco de una operación relacionada con una indemnización pendiente en Bolivia. El magistrado rechazó la petición de la defensa de Zapatero de excluir este cobro de las diligencias judiciales en curso, al considerar que la información surgió de manera legítima dentro de una investigación ya abierta.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentó en junio un informe en el que sostiene que Zapatero cobró esa cantidad por intermediar ante las autoridades bolivianas en favor de los intereses del grupo Gloria. Según los investigadores, el expresidente habría participado en una «dinámica de intermediación e influencias» con el objetivo de beneficiar a la empresa peruana, que a su vez reconoció el pago días después de que el informe saliera a la luz. La UDEF apunta que la contraprestación económica se produjo entre 2024 y 2025.
La defensa de Zapatero, ejercida por el abogado Víctor Moreno Catena, alegó que la empresa peruana «no estaba en el perímetro objetivo de la investigación» y que dirigir la atención policial hacia esa relación profesional era fruto de «una indagación sin límites ni autorización judicial». Sin embargo, el juez Calama consideró que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research, una entidad del grupo Gloria, no vulnera derechos fundamentales. En su auto, al que tuvo acceso EFE, el magistrado subrayó que «la información procede de fuentes de prueba obtenidas con autorización judicial; su análisis no excede el marco de la investigación; no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad; y no hay rastro de una investigación general sobre la vida del investigado».
Calama explicó que el hallazgo de estos pagos es «la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso». Añadió que, por su propia naturaleza, estas diligencias «permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva». El juez también destacó que el pago de 200.000 euros «por su cuantía, origen y contexto, puede ser relevante para determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos vinculados a las relaciones que ya estaban siendo investigadas».
En su argumentación, el magistrado fue más allá al señalar que «que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta». Por ello, concluyó que esos pagos «deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida». El auto de Calama amplía así la investigación en curso sobre el expresidente, que ya estaba siendo investigado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de influencias ilícitas.
El informe de la UDEF, que ha sido clave en esta decisión judicial, sostiene que los hechos analizados «apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes». La investigación se centra ahora en determinar si el pago del grupo Gloria forma parte de una trama más amplia de intermediación ilegal.
El caso ha generado un intenso debate político y mediático en España, dado que afecta a un expresidente del Gobierno que ha mantenido una intensa actividad internacional tras dejar el cargo. Zapatero, que presidió el Ejecutivo entre 2004 y 2011, ha sido una figura destacada en foros internacionales y ha participado en numerosas conferencias y asesorías, lo que su defensa ha utilizado para argumentar que sus ingresos provienen de actividades profesionales legítimas. Sin embargo, el juez Calama considera que la cuantía y el contexto del pago justifican una investigación más profunda.
La decisión del magistrado supone un nuevo capítulo en las pesquisas judiciales que rodean al expresidente, quien ya había sido objeto de atención por sus vínculos con empresas latinoamericanas. La Audiencia Nacional continuará con las diligencias para esclarecer si existió una contraprestación ilícita por parte de Zapatero en la operación boliviana, mientras que la defensa del expresidente estudia posibles recursos contra el auto de Calama.