Las dos principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil, JUCIL y AUGC, han exigido este jueves la dimisión «inmediata e irrevocable» de la directora general del cuerpo, Mercedes González, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la imputara por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco del caso Leire Díez. La petición se extiende también al director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, igualmente imputado en la misma causa.
Para JUCIL, la permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos «resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad» de la institución. En un comunicado, la asociación subraya que «Mercedes González no puede mantenerse ni un minuto más al frente de una institución cuya principal seña de identidad es la ejemplaridad y el estricto cumplimiento de la ley». «Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada», añaden desde la secretaría nacional de la asociación, que insiste en que «como máxima responsable de la institución, está obligada moralmente a cumplir con el principio que rige a este cuerpo, 'el honor es mi divisa', y dejar el cargo. Por dignidad institucional, su salida debe ser inmediata».
Por su parte, AUGC recalca que la imputación de González «no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción», lo que, a su juicio, hace la situación «insostenible». La asociación advierte de que «cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional» y que no puede haber «un doble rasero para la cúpula». En la misma línea, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) también se ha pronunciado, aunque supedita la petición de cese a que existan «indicios de culpabilidad» demostrados por las pesquisas judiciales, para «que no se siga perjudicando la imagen» del cuerpo.
JUCIL ha defendido además la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frente a las presuntas maniobras de la trama vinculada a Leire Díez para desprestigiar a miembros de esa unidad, maniobras que implican a González. «El preocupante escenario que se vive en los despachos de la cúpula no refleja en absoluto la imagen real del cuerpo ni de sus integrantes. La realidad de la Guardia Civil es la que demuestra diariamente la Unidad Central Operativa (UCO), cuyo impecable y riguroso trabajo de investigación es el reflejo de la verdadera esencia de la institución: la búsqueda de la verdad y la justicia, caiga quien caiga», señala la asociación.
Las asociaciones también han dirigido sus críticas hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por mantener a González en el cargo y defender su labor. «Es inadmisible que, a pesar de la gravedad de los indicios judiciales y de las imputaciones que cercan a la dirección del cuerpo, el ministro vuelva a manifestar su plena confianza en la directora general», aseveran desde JUCIL. La imputación de González y Llamas se enmarca en el caso Leire Díez, una investigación que indaga en una presunta trama de espionaje y obstrucción a la Justicia relacionada con la denominada «fontanera socialista». El juez Pedraz ha citado a declarar a ambos altos cargos en las próximas semanas, mientras las asociaciones profesionales reiteran que la situación actual es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la institución y la confianza de sus integrantes.